El gobierno argentino sufrió un nuevo revés judicial tras la decisión del fuero Contencioso Administrativo Federal de suspender la aplicación del decreto 340/2025, que había sido anunciado por el Ejecutivo en mayo pasado como parte de su paquete de reformas estructurales.
El juez Enrique Alonso Regueira dio lugar a una medida cautelar presentada por empresas navieras argentinas, al considerar que el decreto atenta contra la estabilidad jurídica, económica y operativa del sector marítimo y fluvial nacional.
El DNU 340/25 establecía un régimen de excepción para la Marina Mercante argentina, cuyas principales disposiciones incluían la declaración de servicios esenciales, flexibilización en la contratación, permisos temporales para buques extranjeros, y un nuevo régimen para la bandera nacional.
Según el fallo de Regueira, la normativa introduce condiciones más restrictivas para la navegación nacional mientras facilita el ingreso de embarcaciones extranjeras, lo que podría derivar en la pérdida de miles de empleos y comprometer la continuidad de empresas argentinas del sector. Además, el juez remarcó la ausencia de consultas previas con actores clave de la industria, una obligación que consideró constitucional y reglamentaria, e instó a abrir canales de diálogo.
Este fallo se suma al dictamen previo de la Cámara Nacional del Trabajo, que había invalidado los artículos 2 y 3 del decreto tras una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). En esa instancia, el tribunal consideró inconstitucionales las disposiciones que limitaban el derecho a huelga en determinadas actividades, señalando que no se justificaba la vía del decreto de necesidad y urgencia para modificar derechos laborales sin pasar por el Congreso.
Con esta resolución judicial, el DNU 340/25 queda en suspenso, generando incertidumbre sobre el rumbo de la política marítimo-fluvial del gobierno de Javier Milei, y marcando un nuevo punto de fricción entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
