El gobierno uruguayo adjudicó un cupo de 6.000 toneladas de merluza a las empresas nacionales Solfres y Ciupsa. La decisión, que buscaba aprovechar un recurso poco explotado por la flota local, derivó en un conflicto con otra empresa participante y amenaza con escalar a nivel político, empresarial y judicial.
El proceso tiene antecedentes que se remontan al segundo mandato de Tabaré Vázquez, cuando se proyectó un llamado para la pesca de 7.000 toneladas de merluza. Durante años, Uruguay no llegó a cumplir con el cupo asignado, lo que permitió que barcos argentinos capturaran esa merluza y el país perdiera divisas, empleos y presencia en sus propias aguas.
El llamado fue reactivado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, bajo la dirección de Álvaro Irazoqui en la DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos). Cinco empresas presentaron sus ofertas, entre ellas la española Belnova, que fue excluida del proceso luego de detectarse diferencias entre la versión original y las copias de su propuesta.
A inicios de 2025, Solfres y Ciupsa fueron declaradas ganadoras. Ambas comenzaron a invertir en la preparación de barcos y tripulaciones; Solfres, por ejemplo, destinó cerca de medio millón de dólares y contaba con 28 tripulantes listos para zarpar. Sin embargo, Belnova presentó un recurso administrativo para suspender la adjudicación y anunció que demandará al Estado uruguayo si la resolución no se revierte.
La actual directora de DINARA, Yamila Olivera, informó que el expediente fue derivado a la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) para analizar la legalidad del procedimiento. Mientras tanto, el proceso permanece detenido.
En consecuencia, la merluza sigue siendo capturada por flotas extranjeras, el Estado no percibe ingresos por los permisos de pesca y decenas de trabajadores uruguayos permanecen sin actividad.
Fuente: Teledoce
