El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció la suspensión de las exportaciones de ganado en pie con destino a faena inmediata, una medida que generó duras críticas por parte de productores rurales, legisladores, economistas y analistas del sector.
La resolución fue explicada por el ministro Alfredo Fratti, quien argumentó que se trata de una medida temporal que busca atender la difícil situación del sector frigorífico nacional. Según informó, actualmente hay 1.030 obreros en seguro de paro, de los cuales 590 perderán ese beneficio este mismo mes, y seis empresas vinculadas a la industria están cerradas.
Fratti subrayó que la suspensión no afecta a terneros, animales con valor genético ni ganado lechero, y que cualquier exportación futura con fines de faena inmediata deberá ser evaluada en conjunto con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. “Debe ser una decisión del Gobierno en vistas del interés general”, indicó.
El ministro también resaltó que la medida cumple con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al no tratarse de una prohibición permanente ni discriminatoria hacia ningún país específico.
Fratti explicó que en lo que va del año Uruguay exportó 22.711 animales en pie, de los cuales 14.621 tuvieron como destino la faena inmediata, lo que representa casi el doble de todo lo exportado en 2023. “Si hiciéramos una proyección normal, estaríamos hablando de que al final del año podríamos tener el doble de esta cifra”, advirtió.
La decisión del MGAP provocó un inmediato rechazo desde varios frentes políticos y técnicos. El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva fue uno de los más duros al cuestionar la medida. “Coartan la libertad del productor justo cuando el novillo vale US$ 5”, denunció en sus redes sociales. Además, apuntó al posible impacto comercial de la decisión: “¿Quién se hará cargo del incumplimiento que se tendrá con Turquía? ¿Fratti o el Frente Amplio van a pagar la multa? Cuando Turquía lea que no exportamos más y se vayan a Brasil, ¿quién será el encargado de decirle a los paisanos que bajó el precio de su ganado?”, expresó.
El senador Pedro Bordaberry también se mostró crítico, y en diálogo con Radio Montecarlo afirmó: “El ministerio toma una medida que beneficia a los grandes capitales y que va en contra del Uruguay productivo. Perjudica a los trabajadores y cede a la presión de los grandes capitales”.
Desde la academia y el análisis económico, también hubo fuertes cuestionamientos. El doctor en relaciones internacionales Ignacio Bartesaghi consideró que la decisión es un error del gobierno. Por su parte, el economista Javier de Haedo la calificó directamente como una “medida kirchnerista”, haciendo alusión a políticas restrictivas implementadas en Argentina. En la misma línea, el economista Aldo Lema sostuvo que se trata de una “errónea decisión y mala señal”. “Errónea desde el punto de vista de los costos en términos de eficiencia, apertura, competencia y dinamismo sectorial. Mala señal para el clima de negocios”, señaló.
Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y referente del sector agropecuario, también manifestó su descontento. “Uruguay no puede autoexcluirse de ninguna forma de comercio. El desvelo es por abrir y aumentar mercados, pero el MGAP resuelve cerrarlos. Punto para la industria frigorífica”, apuntó.
La medida adoptada por el gobierno abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el sector agroexportador. Mientras el MGAP argumenta que se trata de una acción necesaria para proteger el empleo y la operatividad de la industria frigorífica, los sectores productivos y la oposición política sostienen que se trata de una señal equivocada que afecta la competitividad del país, compromete compromisos internacionales y genera incertidumbre en los mercados.
