Mientras Argentina amplía el alcance de la licitación de la Vía Navegable Troncal, la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) trabaja en dos iniciativas para el canal Martín García, con el objetivo de mantener su operatividad y profundizar su desarrollo.
La región se encuentra abocada al futuro de la hidrovía que une a los países del Cono Sur. Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay avanzan en paralelo con obras, licitaciones y definiciones que marcarán el rumbo de la vía navegable más importante del continente.
En el caso argentino, el gobierno lleva meses elaborando la licitación de la Vía Navegable Troncal, y recientemente confirmó su ampliación para incluir los canales Paraná Bravo y Paraná Guazú, decisión anunciada por el presidente Javier Milei durante su visita a Entre Ríos.
Paraguay y Brasil, por su parte, se encuentran en plenos procesos licitatorios en sus aguas soberanas; Bolivia proyecta obras para integrarse al sistema fluvial regional; y Uruguay continúa avanzando con la optimización de sus canales y la conexión a la futura Vía Navegable Troncal.
Dos proyectos abiertos en la CARP
En este contexto, la Comisión Administradora del Río de la Plata desarrolla dos iniciativas en simultáneo.
La primera consiste en un concurso de precios por un año para el mantenimiento del canal Martín García, cuyo llamado se prevé para fines de octubre. Este período permitirá garantizar la operatividad mientras se define el alcance final de la licitación argentina, que apunta a profundizar la Vía Navegable Troncal y requerirá coordinar la conexión con el canal compartido.
La segunda iniciativa es la elaboración de la licitación definitiva del canal Martín García, en la que se proyecta avanzar en una profundización hasta los 36 pies y en el ensanchar de la solera a 110 metros. Esta propuesta, impulsada por la delegación uruguaya, contempla una concesión de cinco años con opción a otros cinco, y busca mejorar la competitividad del canal en sintonía con los avances que se registran en territorio argentino.
La discusión por la permanencia de la draga
En el marco del concurso de precios, se exigirá que la draga permanezca en el canal durante la vigencia del contrato anual. Sin embargo, respecto a la licitación definitiva, aún no hay consenso.
Algunas voces dentro de la CARP no descartan permitir el traslado de la draga dentro de la zona, argumentando que, en un contrato de largo plazo (5+5 años) y considerando el sobre dragado preventivo habitual de las empresas, no habría mayores inconvenientes.
Esta posibilidad podría instrumentarse mediante una cláusula de salvaguarda, que establezca un tiempo máximo de respuesta ante cualquier eventualidad y una delimitación precisa del área operativa permitida.
Posturas encontradas sobre el concurso de precios
Algunos actores del sector consideran innecesario un nuevo concurso por un año y plantean que lo más conveniente habría sido prorrogar el contrato del actual concesionario, el consorcio belga-holandés integrado por Dredging International y Boskalis International.
Sin embargo, esta opción fue rechazada por la delegación argentina, presumiblemente debido al conflicto judicial iniciado por Dredging contra el Estado argentino tras la licitación frustrada de febrero de 2025.
El enfrentamiento entre ambas partes se agravó cuando Argentina dejó de pagar su parte del servicio del canal Martín García, acumulando una deuda correspondiente al primer trimestre del año.
De todas formas, fuentes consultadas por Comexlatam indicaron que el concesionario actual ya había recibido una prórroga —que podía extenderse hasta cinco años—, pero finalmente se redujo a tres, con vencimiento en febrero de 2026. En consecuencia, la extensión del contrato debería concluir legalmente en esa fecha.
Temas pendientes entre ambas delegaciones
Las negociaciones entre las delegaciones de Argentina y Uruguay en el ámbito de la CARP no se limitan a la gestión del canal. Persisten al menos dos cuestiones de fondo que generan tensiones y que las cancillerías de ambos países buscan resolver.
Por un lado, Uruguay reclama que la división de zonas realizada por Argentina en los últimos meses de 2024 incumple los tratados bilaterales, afectando el tránsito hacia los puertos uruguayos.
A esto se suma la retención del 30% del peaje del canal Martín García por parte de Argentina, fondos que debían destinarse al dragado de los canales Bravo, Guazú y Talavera. Según trascendió, esos recursos no habrían sido utilizados para ese fin y habrían sido derivados a rentas generales.
De acuerdo con información a la que accedió Comexlatam, la delegación argentina solicitó recientemente que esos recursos sean reasignados a los organismos competentes. Ambos temas continúan bajo análisis en el ámbito diplomático.
