A casi un año de la entrada en vigor del decreto 57/25, conocido como de “cielos abiertos”, el gobierno de Uruguay decidió avanzar en una revisión técnica y jurídica de la norma aprobada el 25 de febrero de 2025, en los últimos días de la administración de Luis Lacalle Pou. El análisis fue realizado en el ámbito de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil (JNAC) y concluyó con un acuerdo unánime para introducir ajustes puntuales que darán lugar a un nuevo decreto del Poder Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Defensa Nacional aclararon que la revisión no implica un giro en la política aerocomercial, sino la corrección de problemas legales, mejoras en la redacción y precisiones técnicas en artículos que generaron conflictos regulatorios. El objetivo, remarcaron, es preservar el espíritu de apertura, conectividad y competencia que inspiró la norma.
El decreto 57/25 fue concebido como complemento de la Ley 19.925, que creó el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales (SINAI), y buscó estimular la aviación civil y los vuelos de cabotaje en un país sin aerolínea de bandera operativa. En ese marco, la JNAC evaluó positivamente su impacto inicial, en particular en aeropuertos como Laguna del Sauce, donde la aplicación del régimen de cielos abiertos permitió aumentar el tráfico aéreo.
Sin embargo, el texto original presentó una debilidad formal: no contó con la firma de todos los ministerios que integran la JNAC. Solo Defensa, Transporte y Economía refrendaron la norma, pese a que también participan Relaciones Exteriores, Industria, Energía y Minería, Turismo, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. La omisión, atribuida a la celeridad con la que se elaboró el decreto, generó reparos jurídicos que el nuevo gobierno busca subsanar.
La norma estableció la apertura del espacio aéreo uruguayo a vuelos regulares y no regulares, incluidos los de cabotaje, habilitando la operación de aerolíneas nacionales y extranjeras bajo un marco más previsible. Desde Defensa subrayaron que no se trata de una desregulación, sino de un cambio de enfoque que sustituye la discrecionalidad por reglas claras, especialmente en materia de seguridad operacional.
Entre los resultados concretos, se destaca la expansión de Paranair, que extendió su ruta Montevideo–Asunción con vuelos de cabotaje hacia Salto y evalúa hacerlo hacia Rivera, apoyada en la infraestructura del SINAI. El modelo de concesión aeroportuaria, explicaron, permite que aeropuertos rentables financien inversiones en terminales del interior que no serían sostenibles de manera individual.
Uno de los puntos más sensibles del decreto fue la habilitación de servicios de asistencia en tierra por parte de concesionarios aeroportuarios. Si bien la medida apuntaba a los aeropuertos del interior, su extensión a Carrasco y Laguna del Sauce derivó en recursos administrativos y cuestionamientos legales. La JNAC resolvió que el nuevo texto diferenciará claramente ambos regímenes, manteniendo para Carrasco su marco específico.
La revisión también incluyó ajustes en la definición de la autoridad aeronáutica, para reflejar con mayor precisión el entramado institucional vigente, así como una redefinición del estatus internacional de los aeropuertos. En adelante, los aeropuertos del SINAI conservarán esa categoría, mientras que otros podrán obtenerla de forma puntual y condicionada a operaciones específicas y estándares de seguridad.
En materia tributaria, el decreto intentó aclarar la interpretación de normas históricas sobre exoneraciones a la importación de material aeronáutico. Aunque no se prevén cambios en este punto, el debate continúa a nivel técnico, especialmente con el Ministerio de Economía.
El texto ajustado ya cuenta con el aval técnico y político de la JNAC y se encuentra en proceso de refrenda por parte de todos los ministerios involucrados. Desde el Ministerio de Defensa estiman que el nuevo decreto será aprobado en el corto plazo.
En paralelo, avanza el proyecto para crear una nueva aerolínea de bandera nacional. Sociedad Uruguaya de Aviación (SUA), liderada por el empresario Antonio Rama, apunta a iniciar operaciones en 2026 con aeronaves Airbus A220 bajo modalidad de “wet lease”. La iniciativa, actualmente en proceso de certificación ante la DINACIA, ya cuenta con derechos de tráfico para rutas regionales y es vista por el gobierno como un impulso adicional a la conectividad y la competencia.
Fuente: Grupormultimedio
