Las organizaciones que integran la cadena de valor de la soja de Argentina, Brasil y Paraguay emitieron una declaración conjunta en la que manifiestan su preocupación por el borrador de Reglamento Delegado de la Unión Europea que modifica el Reglamento (UE) 2019/807 y propone catalogar a la producción de soja como de alto riesgo para su utilización en biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa.
De acuerdo con el documento, los tres países concentran el 71% del total de soja exportada al mundo, por lo que la iniciativa europea tendría un impacto directo sobre sus economías. En este marco, los gremios consideran que la propuesta constituye una barrera paraarancelaria injustificada, presentada bajo el argumento de preocupaciones ambientales.
El comunicado fue firmado por ACSOJA, Asociación de la Cadena de la Soja Argentina; APROSOJA Brasil, Asociación Brasileña de Productores de Soja; CAPECO, Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas; y MAIZAR, Asociación de Maíz y Sorgo Argentino.
Las entidades cuestionan el informe sobre cambio indirecto del uso del suelo elaborado por la Comisión Europea para sustentar la medida, al sostener que refleja un desconocimiento de los sistemas productivos del Mercosur y aplica criterios que no se ajustan a la realidad de la región.
En la declaración se indica que la expansión de la producción sojera en Argentina, Brasil y Paraguay se dio principalmente sobre pasturas y tierras degradadas, y que este proceso permitió la recuperación de los suelos y de la biomasa viva y muerta. Además, destacan la implementación de sistemas productivos sustentables basados en la siembra directa, la rotación de cultivos y otras prácticas de manejo que reducen la compactación del suelo, mejoran su fertilidad y contribuyen al secuestro de carbono, mediante el uso de cultivos como soja, maíz y coberturas de invierno.
El comunicado también resalta el impacto social de la producción de biocombustibles a base de soja y maíz, que facilitó la incorporación de pequeños productores a la cadena de valor y generó una reducción significativa de los niveles de pobreza al integrarlos a un esquema productivo sustentable en sus dimensiones económica, social y ambiental.
Por último, los gremios recuerdan que la normativa europea define como de bajo riesgo de ILUC a los biocombustibles que provienen de materias primas con mejoras de rendimiento en tierras existentes o que se cultivan en tierras no utilizadas. Asimismo, el reglamento establece condiciones de adicionalidad vinculadas al uso de tierras abandonadas o gravemente degradadas y a la inclusión de pequeños productores. En base a estos criterios, sostienen que la producción de soja en los tres países cumple plenamente con las condiciones exigidas y rechazan su eventual clasificación como materia prima de alto riesgo.
