El plan de concesiones portuarias del gobierno brasileño enfrenta un escenario de creciente incertidumbre legal que podría impactar en inversiones clave para el comercio exterior. Un informe de la Agencia Nacional de Transporte por Vías Navegables (Antaq) advierte que al menos 12 proyectos presentan alto riesgo de judicialización.
El estudio, solicitado por la Abogacía General de la Unión (AGU), identifica posibles vulnerabilidades en licitaciones y contratos que podrían derivar en disputas judiciales, con potencial para retrasar o paralizar iniciativas estratégicas.
El caso más sensible es el de la megaterminal Tecon Santos 10, proyectada en el Puerto de Santos, considerada el principal activo del portafolio. A pesar de su relevancia, el proyecto aún no tiene fecha definida para subasta y acumula cambios en el cronograma, lo que genera cautela entre operadores e inversionistas.
Las demoras responden en parte a desacuerdos dentro del propio gobierno sobre el modelo de licitación. Mientras el área técnica impulsa un esquema con restricciones para operadores ya instalados, otros organismos defienden un proceso abierto. Esta falta de consenso ha debilitado la previsibilidad del proceso.
El ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho, señaló que la subasta debería realizarse durante el año, aunque el sector privado observa con escepticismo los constantes cambios en los plazos.
El informe también abarca proyectos en diversas regiones del país, incluyendo terminales en el norte, noreste, sur y sureste, así como concesiones de canales de acceso. Algunos ya fueron licitados recientemente en la bolsa B3, pero con baja competencia y ofertas simbólicas, reflejando la cautela del mercado ante la inseguridad jurídica.
En paralelo, el desarrollo de vías navegables enfrenta obstáculos adicionales. Protestas de comunidades indígenas en la Amazonía han obligado a reprogramar concesiones, generando retrasos de hasta dos años en proyectos clave.
En este contexto, Brasil busca avanzar en su agenda logística mientras intenta garantizar seguridad jurídica, un factor clave para atraer inversiones en infraestructura portuaria.
Fuente: Gazeta do Paraná
