El sector del transporte de carga en Uruguay manifestó su rechazo al nuevo sistema de Guía Electrónica de Transporte impulsado por el gobierno, al considerar que la plataforma presenta fallas técnicas, excesiva burocracia y riesgos de mayores costos para las empresas y conductores.
La Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) cuestionó la decisión oficial de avanzar con la obligatoriedad del sistema a partir de junio y advirtió que la herramienta aún no está preparada para operar de forma masiva. Según representantes del sector, durante las pruebas se registraron caídas de la plataforma y dificultades para completar los registros exigidos.
El nuevo mecanismo digital, promovido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), busca reforzar el control y la trazabilidad de las cargas que circulan por las rutas nacionales. La guía electrónica será obligatoria para camiones de más de 3.500 kilos y deberá incluir datos sobre el vehículo, el conductor, el origen y destino de la mercadería.
Transportistas y empresarios sostienen que la medida incrementará la carga administrativa y obligará a muchas compañías a destinar personal exclusivamente para gestionar la documentación digital. También alertan sobre posibles demoras operativas y sanciones económicas derivadas de errores o fallas del sistema.
Las críticas aumentaron luego de que el gobierno confirmara la aplicación de multas para quienes no cumplan con la nueva normativa. Desde la ITPC consideran que imponer sanciones mientras persisten problemas técnicos genera incertidumbre y afecta especialmente a pequeños transportistas independientes.
En los últimos días se realizaron movilizaciones y protestas en distintos puntos del país, donde camioneros expresaron su desacuerdo con la implementación del sistema. El sector no descarta nuevas medidas gremiales si el gobierno mantiene el cronograma previsto.
Por su parte, las autoridades defienden la iniciativa y aseguran que permitirá modernizar el control del transporte de carga, mejorar la fiscalización y avanzar en la formalización del sector.
Fuente: El País Uruguay
