La definición de las condiciones para adjudicar la futura terminal de contenedores Tecon Santos 10 abrió un nuevo frente de discusión entre el gobierno brasileño y la Agencia Nacional de Transporte por Vías Navegables (Antaq), que mantiene su defensa de un proceso de licitación dividido en dos etapas para preservar la competencia en el Puerto de Santos.
El organismo regulador considera que permitir desde el inicio la participación de empresas que ya poseen una presencia significativa en el complejo portuario podría aumentar la concentración del mercado. Por este motivo, sostiene que el mecanismo previamente aprobado ofrece mayores garantías para facilitar el ingreso de nuevos operadores.
La propuesta contempla una primera fase de competencia reservada a empresas que actualmente no operan terminales de contenedores en Santos. Solo en caso de que esa instancia no atraiga interesados se habilitaría una segunda ronda en la que podrían presentarse compañías con operaciones dentro del puerto.
Las reglas de participación se convirtieron en el principal punto de controversia del proceso. El gobierno federal busca flexibilizar las condiciones para permitir la participación de operadores establecidos en Santos, siempre que estos se desprendan de sus actuales participaciones en terminales del complejo portuario.
La discusión también alcanza a las compañías navieras. El Tribunal Federal de Cuentas (TCU) recomendó limitar su participación para reducir el riesgo de que grandes empresas de transporte marítimo amplíen su presencia directa en la operación de terminales y consoliden modelos de integración vertical dentro de la cadena logística.
Ante las nuevas orientaciones planteadas desde el Ejecutivo, Antaq remitió documentación al gobierno para solicitar una definición más precisa sobre el modelo que pretende aplicar en la licitación.
La agencia entiende que las comunicaciones recibidas hasta ahora aportan nuevos elementos para el análisis, pero no sustituyen formalmente las decisiones regulatorias ya adoptadas. En consecuencia, cualquier modificación relevante de las condiciones de participación requeriría una posición más clara de la autoridad responsable de la concesión.
El director general de Antaq y relator del proceso, Federico Dias, sostuvo que las directrices del Ejecutivo pueden ser consideradas por el regulador cuando estén justificadas por razones de interés público y respeten las atribuciones legales de la agencia.
Sin embargo, una eventual modificación de las reglas tendría que volver a ser analizada por el consejo de administración de Antaq antes de incorporarse a los documentos definitivos de la licitación.
El debate institucional podría tener consecuencias sobre los plazos del proyecto. La agencia advirtió que una transformación sustancial del modelo podría provocar la necesidad de una nueva evaluación por parte del TCU, instancia que tendría potencial para extender el proceso y dificultar el cumplimiento del calendario previsto.
El gobierno brasileño busca avanzar con la adjudicación de la terminal antes de finalizar el año. Para alcanzar ese objetivo, las autoridades consideran necesario publicar el anuncio de licitación antes de septiembre.
Mientras continúa la discusión sobre las condiciones de participación, Antaq volvió a reivindicar sus facultades para establecer mecanismos destinados a preservar la competencia en el sector portuario.
Los equipos técnicos del organismo consideran que la legislación otorga a la agencia la responsabilidad de incorporar límites, restricciones y requisitos en los procesos de concesión cuando existan riesgos de concentración económica o posibles efectos negativos sobre la competencia.
Desde esta perspectiva, las decisiones regulatorias no deberían quedar automáticamente subordinadas a orientaciones administrativas provenientes de otras áreas del gobierno. Para Antaq, las políticas aplicadas al sector deben contar con respaldo jurídico y respetar la independencia institucional de los organismos encargados de supervisar el mercado.
La Fiscalía Federal vinculada a la agencia también intervino en el análisis del caso. Su evaluación indicó que las nuevas posiciones expresadas por el Ejecutivo pueden incorporarse como elementos técnicos dentro del proceso, aunque corresponde al Ministerio de Puertos y Aeropuertos evaluar una eventual revisión de las decisiones relacionadas con el modelo de concesión.
Además de las reglas de competencia, las autoridades actualizaron los parámetros económicos de Tecon Santos 10. Tras revisar las proyecciones financieras del proyecto, el valor mínimo estimado para la concesión quedó establecido en R$ 1.044 millones, monto que estará compuesto por un componente fijo y otro variable.
Antaq señaló que la determinación de ese valor corresponde a una decisión de política pública de la autoridad responsable de otorgar la concesión y, por lo tanto, no depende de la aprobación técnica del organismo regulador.
El Ministerio de Puertos y Aeropuertos confirmó la recepción de los documentos remitidos por Antaq y señaló que el contenido está siendo evaluado por los equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Puertos.
La futura terminal Tecon Santos 10 es considerada un proyecto relevante para la expansión de la infraestructura logística del mayor complejo portuario de Brasil. Su adjudicación podría modificar la distribución de capacidad entre los operadores del sector y tendrá efectos sobre la competencia en uno de los principales puntos de entrada y salida del comercio exterior del país.
La resolución de las diferencias entre el Ejecutivo y Antaq será clave para determinar las reglas definitivas de la licitación y la posibilidad de cumplir con el cronograma previsto. Por el momento, la agencia mantiene su respaldo al proceso en dos etapas y aguarda una definición formal del gobierno antes de avanzar con las siguientes instancias.
Fuente: Valor Internacional
