La actividad en Terminal Cuenca del Plata (TCP) se restableció este lunes 6 de julio, luego de las medidas sindicales que afectaron la operativa de la terminal. Sin embargo, el conflicto laboral permanece abierto y tanto la oposición como distintos actores del sector privado reclaman al gobierno que adopte medidas para garantizar el normal funcionamiento del Puerto de Montevideo.
En ese contexto, la empresa Katoen Natie informó mediante un comunicado que, si bien las operaciones fueron retomadas, «la situación continúa siendo dinámica», por lo que «no puede descartarse la adopción de nuevas medidas durante el transcurso de las próximas jornadas».
La compañía reiteró que el planteo del sindicato resulta inviable, ya que exige el pago de un bono adicional de $ 50.000 líquidos mensuales para todos los trabajadores mientras se desarrollan las negociaciones o, alternativamente, garantizar 25 jornales mensuales a toda la plantilla, exista o no trabajo disponible.
«La empresa no puede aceptar un planteo de estas características por resultar inviable, además de incompatible con un proceso de negociación responsable y de buena fe», sostuvo la firma.
Las medidas más severas del sindicato de TCP comenzaron el pasado 22 de junio y, hasta la fecha, acumulan 138 horas de paro.
Buques afectados por el conflicto
El conflicto ya tuvo consecuencias directas sobre la actividad marítima. El primer buque en cancelar su escala en Montevideo fue el MSC Shreya. Posteriormente, a comienzos de julio, también suspendieron su escala el Wieland y el Le Havre Express, de la naviera Hapag-Lloyd.
A su vez, dos buques debieron realizar la maniobra conocida como cut & run, que consiste en abandonar el puerto antes de completar la totalidad de las operaciones de carga y descarga previstas.
En ese marco, el Cap San Artemissio (Maersk) no descargó 502 contenedores llenos y dejó de cargar 197 contenedores llenos y 112 vacíos. Por su parte, el Sunny Phoenix (ZIM) no descargó 167 contenedores llenos y un contenedor vacío, además de no cargar 250 contenedores llenos.
Reclamos para declarar la esencialidad
Desde la asunción del presidente Yamandú Orsi ya se contabilizan 22 paros vinculados a la actividad portuaria. Esa situación llevó a integrantes de la comunidad portuaria, representantes del sector del comercio exterior y dirigentes de la oposición a reclamar que el Poder Ejecutivo utilice los mecanismos legales de los que dispone para mantener operativo el puerto, incluyendo la posibilidad de declarar la esencialidad de la actividad.
El malestar no se limita al sindicato de base de TCP. También alcanza al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), organización que agrupa a los trabajadores portuarios de Uruguay y que ha respaldado públicamente la postura del sindicato de la terminal.
Preocupación del sector productivo
Desde el sector exportador y del comercio exterior consideran que la situación reviste una gravedad creciente, ya que los conflictos no afectan únicamente a TCP, sino que se extienden a distintas actividades portuarias.
Según señalan fuentes del sector, durante 2025 se registraron 36 días con interrupciones de la actividad portuaria, mientras que en lo que va de 2026 ya se acumulan 22 días de afectación.
Empresarios y operadores advierten que estas interrupciones dificultan la salida de la producción nacional hacia los mercados internacionales, con el consecuente impacto sobre las exportaciones, la logística y el empleo.
Además, remarcan que las consecuencias trascienden el ámbito portuario, ya que también perjudican a miles de trabajadores vinculados a cadenas productivas que dependen del normal funcionamiento del puerto para comercializar sus productos.
En ese sentido, cuestionan el valor de avanzar en nuevos acuerdos comerciales si el país no puede garantizar la continuidad de su principal puerta de salida al mundo. Como ejemplo, mencionan el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que exige capacidad de respuesta y agilidad para aprovechar los cupos de exportación disponibles. Advierten que, con un puerto afectado por conflictos recurrentes, cumplir con esos compromisos se vuelve cada vez más difícil.
En ese escenario, los distintos actores del comercio exterior insisten en que el gobierno adopte medidas que permitan asegurar la continuidad operativa del principal puerto del país.
