El Gobierno de Donald Trump decidió mantener durante otros tres meses una medida excepcional que flexibiliza las restricciones al transporte marítimo dentro de Estados Unidos y permite la participación de embarcaciones extranjeras en determinadas operaciones.
La disposición, que comenzará a regir nuevamente el 17 de agosto, estará enfocada principalmente en garantizar el movimiento de combustibles y productos agrícolas. A diferencia de las autorizaciones anteriores, los nuevos permisos no serán otorgados de manera general: cada operación deberá pasar por un proceso de evaluación de las autoridades estadounidenses de Defensa y de la Administración Marítima.
Washington sostiene que la flexibilización ha sido necesaria para evitar problemas de abastecimiento en un contexto de tensión en las rutas energéticas internacionales. Según la Casa Blanca, el mecanismo permitió reforzar el suministro interno de combustibles y facilitar más de 200 operaciones de buques que, bajo las restricciones habituales, no habrían podido realizar esos trayectos.
La decisión supone una nueva suspensión temporal de algunas de las disposiciones de la denominada Ley Jones, una normativa estadounidense de larga data que establece requisitos específicos para los barcos que realizan transporte comercial entre puertos del país.
La medida, sin embargo, enfrenta una fuerte oposición dentro de la propia industria estadounidense. Astilleros, sindicatos y representantes políticos sostienen que la apertura temporal a barcos extranjeros puede reducir la actividad de empresas nacionales y debilitar la capacidad de Estados Unidos para mantener una flota comercial y una industria naval propias.
Entre los críticos se encuentra el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien junto con otros congresistas republicanos había solicitado a Trump no renovar la excepción. Los legisladores consideran que mantenerla puede terminar perjudicando los objetivos de fortalecimiento de la industria marítima estadounidense defendidos por el propio Gobierno.
La American Maritime Partnership también cuestionó la continuidad de la medida y advirtió sobre sus efectos para los trabajadores y compañías estadounidenses vinculados al transporte marítimo.
Fuente: Splash247
