Paraguay enfrenta un escenario energético que exigirá decisiones en los próximos años ante el fuerte crecimiento de la demanda eléctrica, el vencimiento de contratos de suministro y el retraso de inversiones clave en infraestructura.
Un documento presentado al Gabinete Civil advierte sobre un posible déficit energético entre 2030 y 2032, en un contexto en el que la demanda estaría creciendo a un ritmo superior al 18% anual, mientras la expansión de la infraestructura eléctrica no acompaña ese ritmo.
Uno de los factores que deberá definirse es el futuro de unos 1.300 MW correspondientes a contratos de suministro para consumos intensivos especiales, que vencen en 2027. La decisión sobre su continuidad tendrá impacto en el equilibrio del sistema durante los años siguientes.
También será determinante el escenario de Itaipú. La definición de la tarifa a partir de 2027, el esquema de contratación de la ANDE y una eventual extensión del Acuerdo Operativo de 2007 incidirán sobre el costo, la disponibilidad de energía y la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico paraguayo.
A estos desafíos se suma un déficit de inversión superior a US$ 600 millones anuales y los retrasos en obras de transmisión, entre ellas la línea de 500 kV Yguazú-Valenzuela.
En este contexto, el especialista Alexandre Perini planteó que el debate debería concentrarse primero en las decisiones técnicas que necesita el sistema, antes que en la creación de nuevas estructuras institucionales. En una nota presentada al Gabinete Civil, sostuvo que un Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos o un eventual ente regulador pueden formar parte de una reforma institucional, pero no sustituyen la necesidad de generar energía, ampliar la transmisión o cerrar la brecha de inversiones.
La discusión cobra relevancia porque Paraguay se encuentra ante una etapa en la que la energía podría dejar de ser únicamente una ventaja competitiva para convertirse en una condición necesaria para sostener el crecimiento económico.
El desafío, por tanto, no se limita a anticipar un eventual déficit para 2030. Implica definir desde ahora las inversiones, fuentes de generación, obras de transmisión, contratos y tarifas que permitirán al país responder al aumento de la demanda.
La advertencia central es que las decisiones para evitar un problema energético en la próxima década deben comenzar a tomarse antes de que ese déficit se materialice.
