América Latina y el Caribe afrontan un escenario de crecimiento débil que amenaza con prolongar las dificultades para elevar la productividad, atraer inversiones y mejorar los ingresos de la población. La economía regional crecería 2,2% este año y 2,5% en 2027, según las nuevas proyecciones difundidas esta semana.
El desempeño previsto para 2026 se ubica por debajo del 2,4% registrado en 2025 y mantiene a la región en una senda de expansión moderada. De cumplirse las estimaciones, el crecimiento promedio durante los últimos cinco años rondaría apenas el 2,3%, un ritmo considerado insuficiente para cerrar las brechas de desarrollo.
El contexto internacional agrega presión sobre las economías latinoamericanas. La desaceleración global, las tensiones geopolíticas y la volatilidad financiera se combinan con mayores costos de petróleo, fertilizantes y transporte. A esto se suman condiciones de financiamiento todavía exigentes para los mercados emergentes.
Pero los principales obstáculos no están únicamente fuera de la región. Los bajos niveles de inversión, el escaso aumento de la productividad y la creación cada vez más lenta de empleos formales configuran un problema estructural que limita la capacidad de crecimiento.
Uno de los factores que más condiciona este escenario es la elevada informalidad. Cerca de la mitad de las personas ocupadas de América Latina y el Caribe todavía trabaja en actividades informales, lo que reduce la capacidad de las economías para transformar la expansión del PIB en mejoras sostenidas de productividad.
La diferencia resulta especialmente relevante para las empresas. Las unidades productivas formales tienen mayores posibilidades de acceder al financiamiento, incorporar tecnología, aprovechar economías de escala y desarrollar capacidades que les permitan aumentar su productividad y competir en mejores condiciones.
El problema también tiene una dimensión laboral. En 2025 el empleo regional aumentó 1,6%, equivalente a unos 4,3 millones de puestos de trabajo, pero el ritmo de creación de ocupación se desaceleró por tercer año consecutivo. La tasa de desempleo bajó hasta 5,3%, aunque la informalidad continúa afectando a una proporción cercana a la mitad de los trabajadores.
En este contexto, el desafío para los gobiernos pasa por vincular la formalización con una estrategia más amplia de desarrollo productivo. Esto implica facilitar el acceso de empresas al crédito, ampliar los programas de capacitación, reducir los costos de incorporación a la economía formal y fortalecer las herramientas de apoyo tecnológico e innovación.
Para el sector privado, una mayor formalización también puede ampliar las posibilidades de integración productiva y de acceso a mercados internacionales, especialmente para pequeñas y medianas empresas que actualmente enfrentan mayores restricciones de financiamiento, tecnología y escala.
El diagnóstico forma parte del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que advierte que reducir la informalidad es clave para romper el ciclo de bajo crecimiento, baja productividad e inversión insuficiente.
Fuente: CEPAL
