El Puerto de Bahía Blanca enfrenta una creciente congestión operativa que ya mantiene a más de 500 camiones demorados y afecta a siete buques, en un escenario que comienza a generar preocupación por su impacto sobre la cadena logística y las exportaciones agroindustriales argentinas.
La situación se produce en medio del conflicto entre la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara) y las empresas del sector. Aunque rige una conciliación obligatoria y las terminales continúan operando, los trabajadores dejaron de realizar horas extras y de cubrir determinadas funciones, reduciendo la capacidad de atención del complejo portuario.
Según datos de la Cámara de Puertos Privados Comerciales difundidos por La Nación, solo Terminal Bahía Blanca acumulaba más de 500 camiones demorados, mientras que la cifra sería superior al considerar el conjunto de las terminales. Durante esta semana estaba previsto el ingreso de aproximadamente 10.000 camiones al puerto.
La menor capacidad operativa también comenzó a repercutir sobre el tráfico marítimo. Al menos siete buques registraban demoras y desde el sector advirtieron que, de mantenerse la situación, podría comenzar a formarse una fila de embarcaciones a la espera de completar sus operaciones.
Los tiempos de atención ya reflejan el impacto del conflicto: operaciones que habitualmente demandan unas 12 horas están requiriendo alrededor de 26 horas.
La situación adquiere especial relevancia por el peso de Bahía Blanca dentro del comercio exterior argentino. Se trata del segundo nodo del país para los embarques de granos y derivados, detrás del Gran Rosario. Durante 2025 movilizó alrededor de 13 millones de toneladas, equivalentes al 13% del total nacional.
Además, las condiciones de profundidad del puerto permiten que buques que salen parcialmente cargados desde terminales ubicadas sobre el río Paraná completen allí sus bodegas antes de continuar hacia sus destinos internacionales.
Desde el sector empresario consideran que la negativa a realizar horas extraordinarias y cubrir determinadas funciones implica un incumplimiento parcial de la conciliación obligatoria y solicitaron la intervención de la autoridad laboral.
Urgara, en cambio, sostiene que la medida se está cumpliendo, ya que los trabajadores mantienen sus jornadas habituales, y argumenta que las horas extras tienen carácter voluntario.
El conflicto tiene como trasfondo la negociación salarial. Las empresas ofrecieron una recomposición acumulada cercana al 32%, una suma fija de $359.000 en dos cuotas y una revisión hacia fin de año, mientras que el reclamo sindical apuntaría a alcanzar un incremento del 35,5%.
La conciliación obligatoria se extenderá hasta el 9 de septiembre. Mientras las partes continúan negociando, la reducción de la capacidad operativa ya se traduce en mayores tiempos de espera para el transporte terrestre y marítimo en uno de los principales puntos de salida de la producción argentina.
