La posibilidad de desarrollar una segunda terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo vuelve a formar parte de la agenda portuaria uruguaya, reeditando una discusión que se ha mantenido vigente, con diferentes intensidades, durante los últimos 25 años. La presentación de una iniciativa privada por parte de Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, plantea un nuevo escenario que el gobierno deberá analizar desde el punto de vista comercial, operativo, económico y jurídico.
Los antecedentes de esta discusión se remontan a julio de 2001, cuando el Estado uruguayo adjudicó mediante una subasta pública el 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP) a la empresa belga Katoen Natie, en asociación con inversores locales. El 20% restante quedó en manos del Estado uruguayo.
Desde entonces, la posibilidad de incorporar una segunda terminal especializada ha sido objeto de sucesivos planteamientos, en un debate que ha incluido consideraciones sobre la libre competencia, los derechos contractuales, las necesidades de infraestructura y las perspectivas de crecimiento del movimiento de contenedores en Montevideo.
A lo largo de estos años se presentaron distintas iniciativas, desde proyectos de dimensiones moderadas hasta propuestas de gran escala, que no llegaron a concretarse durante las sucesivas administraciones nacionales.
El tema vuelve a consideración de un gobierno del Frente Amplio, que deberá evaluar una nueva propuesta en el marco de las condiciones comerciales y jurídicas vigentes.
La iniciativa privada presentada por Neltume Ports contempla una inversión anunciada de 900 millones de dólares, una cifra que se ubica ligeramente por encima del volumen de inversiones realizadas y proyectadas por Katoen Natie en TCP.
La propuesta ha dado lugar a diferentes interpretaciones sobre las condiciones jurídicas para desarrollar una nueva terminal especializada en el Puerto de Montevideo, expresadas públicamente por las empresas involucradas.
Uno de los elementos centrales del análisis es el alcance de una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que anuló una disposición de un decreto aprobado durante la administración anterior, vinculada a las restricciones para el desarrollo de una segunda terminal de contenedores.
Desde la perspectiva de Neltume Ports, este pronunciamiento abre la posibilidad jurídica de considerar una nueva terminal especializada.
Por su parte, Katoen Natie entiende que el análisis debe contemplar también los compromisos asumidos por el Estado uruguayo en el acuerdo suscrito con TCP durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y ha señalado las eventuales consecuencias jurídicas que, a su juicio, podría generar la autorización de una nueva terminal, incluyendo la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Se trata de interpretaciones diferentes sobre el alcance de las disposiciones normativas y contractuales que regulan la actividad, cuya evaluación corresponde ahora a las autoridades nacionales.
En este contexto, el Poder Ejecutivo ha señalado que cualquier resolución estará precedida por un estudio integral de la iniciativa.
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, explicó en declaraciones a La Diaria Radio que el gobierno abordará el tema con especial rigurosidad.
“El gobierno va a tomar una decisión sobre esta iniciativa, pero va a ser luego de un análisis de extrema rigurosidad y seriedad de todos los aspectos que componen esta iniciativa”, expresó.
La jerarca indicó que el estudio comprende las premisas comerciales, el esquema de negocios propuesto, los requerimientos de infraestructura y los aspectos jurídicos, sobre los cuales reconoció la existencia de diferentes interpretaciones que serán examinadas cuidadosamente.
Etcheverry confirmó, además, la conformación de un grupo multidisciplinario de trabajo, del que participa personalmente, encargado de analizar los distintos componentes de la propuesta.
Entre los elementos considerados se encuentran el modelo de negocios, las cargas contempladas y su documentación de respaldo, las condiciones de infraestructura y las posibilidades o restricciones que pudieran surgir del marco jurídico vigente.
La ministra sostuvo que el propósito es adoptar una resolución que responda a los intereses del país, se encuentre ajustada a derecho y preserve la seguridad jurídica que caracteriza a Uruguay.
En relación con las posiciones públicas expresadas por las empresas, Etcheverry manifestó que el gobierno mantendrá su independencia de criterio durante el proceso.
“Le he planteado a ambos actores que el gobierno no va a tomar decisiones sobre la base de presiones”, afirmó.
“Nosotros tenemos una responsabilidad con el país, y el puerto es un activo del país. Vamos a tomar la decisión que sea mejor para el país”, agregó.
Otro aspecto señalado por la ministra fue el régimen de confidencialidad que corresponde aplicar durante el estudio de las iniciativas privadas. Si bien manifestó comprender que las empresas expresen públicamente sus posiciones, recordó que la normativa establece condiciones de reserva durante la evaluación, debido a la existencia de información comercial involucrada.
En ese sentido, aseguró que las autoridades mantendrán la confidencialidad prevista legalmente mientras se desarrolla el proceso.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, también se refirió esta semana al tema y destacó la necesidad de estudiar las condiciones jurídicas derivadas del contrato suscrito entre el Estado uruguayo y Katoen Natie durante la administración anterior.
“Hay un contrato que tiene firmado el Estado uruguayo con la terminal de contenedores, y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada. Ahora tenemos una iniciativa privada de un tercero y lo que el gobierno está haciendo es evaluar la factibilidad jurídica de que esa iniciativa tenga lugar y cuando tengamos una respuesta se dará a conocer”, señaló el ministro el martes, durante una rueda de prensa.
Oddone agregó que el contrato vigente con Katoen Natie “limita la posibilidad de que exista una terminal de contenedores adicional”.
Las declaraciones de ambos ministros reflejan que el análisis gubernamental contempla tanto las características y proyecciones de la nueva iniciativa como las condiciones establecidas en los acuerdos vigentes.
Más allá de los aspectos jurídicos, la evaluación también deberá considerar las perspectivas del movimiento de contenedores, las necesidades de infraestructura, la capacidad operativa y las condiciones comerciales que sustentan la propuesta de inversión.
