Los gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil de Paraguay dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, en la que expresaron su preocupación por la situación económica e institucional del país y reclamaron medidas inmediatas para enfrentar las consecuencias de la crisis financiera vinculada al Banco Ueno.
El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026 en Asunción, reúne a todas las organizaciones representativas de distintos sectores de la economía paraguaya,
En la comunicación, los firmantes advierten que la preservación del grado de inversión, la recuperación de la confianza económica y la generación de empleo dependen de la capacidad del país para fortalecer sus instituciones, garantizar controles independientes y respetar el Estado de derecho.
“Paraguay no tiene más margen de error”, señala la carta, que también reclama investigar y sancionar las eventuales responsabilidades por las fallas de supervisión que, según los gremios, contribuyeron a la crisis.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Las organizaciones consideran que la propuesta no contempla adecuadamente las consecuencias de la crisis y se apoya en previsiones de ingresos y gastos que califican como poco realistas.
Según las estimaciones expuestas en el documento, la crisis del Banco Ueno habría comprometido los ahorros de casi tres millones de paraguayos, provocado un perjuicio a las arcas públicas equivalente a entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuido a la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo.
Los gremios también advierten sobre la disminución de la actividad comercial, las dificultades que enfrentan pequeñas y medianas empresas y el deterioro de las condiciones para la emisión de deuda soberana. Estas cifras y consecuencias corresponden a las estimaciones presentadas por las organizaciones firmantes.
Ante este escenario, solicitan una reformulación integral del presupuesto, con ingresos realistas, gastos financiables y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, manteniendo el objetivo de convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.
La propuesta incluye reducir el gasto corriente considerado improductivo, eliminar aumentos salariales injustificados, revisar contrataciones públicas y disminuir gastos en viáticos, pasajes, bonificaciones extraordinarias y otros beneficios. Los recursos liberados deberían destinarse prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública.
Entre las medidas planteadas también figura una reforma inmediata de la Caja Fiscal, la revisión del régimen laboral de determinados profesionales médicos y la cobertura de las aproximadamente 10.000 vacantes anuales del sector público únicamente en áreas consideradas esenciales.
En materia financiera, los gremios proponen establecer mecanismos legales para utilizar los bienes recuperados de los responsables de la crisis bancaria, una vez liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), con el objetivo de compensar a los ahorristas que no estén cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Asimismo, reclaman mayor transparencia sobre los recursos públicos depositados en entidades financieras, mediante la creación de un registro de actualización diaria que permita identificar los montos, bancos depositarios y condiciones de cada operación.
La carta también incorpora propuestas vinculadas directamente con la actividad productiva y comercial. Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de los controles contra el contrabando, la promoción de la formalización económica y la optimización de la recaudación de peajes, cuyos recursos deberían destinarse al mantenimiento de la infraestructura vial.
Otra de las iniciativas consiste en integrar el área de Turismo al Ministerio de Industria y Comercio, mediante las modificaciones legales correspondientes.
Además de los reclamos al Gobierno, las organizaciones empresariales manifiestan su disposición a participar activamente en la recuperación económica. En ese sentido, ofrecen sus equipos técnicos para colaborar en la reformulación presupuestaria y en la elaboración de medidas destinadas a restablecer la confianza.
El sector privado también se compromete a promover inversiones productivas en áreas estratégicas, impulsar la creación de empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer mecanismos de vigilancia sobre las compras y contrataciones estatales.
La declaración cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones de diferentes actividades económicas, incluidas entidades vinculadas a la industria, el comercio exterior, la construcción, el transporte, la logística y los servicios.
En el tramo final del documento, los firmantes insisten en que la recuperación de la confianza requiere decisiones concretas, controles independientes y sanciones sin privilegios, tanto en el ámbito público como en el privado.
“El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario paraguayo.
