En las próximas horas se espera la publicación en Boletín Oficial del gobierno argentino de una resolución que establece el pase a disponibilidad de todo el personal de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Sspyvn), disuelta en los primeros días de 2025 -junto con la Administración General de Puertos- y sustituida como autoridad por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn).
La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, implica que los trabajadores afectados serán de la planta permanente, que ingresarán en un período de disponibilidad de 6, 9 y 12 meses, dependiendo de su antigüedad. En tantgo, el personal contratado quedará cesante a fin de enero corriente. La medida afecta a 150 personas.
El régimen de disponibilidad establece un plazo máximo de hasta 12 meses para que los trabajadores sean reubicados en otros organismos. En caso contrario, serán despedidos.
El proceso de notificación al personal se realizará mediante el sistema electrónico GDE, utilizado por la Administración Pública Nacional. Tras la notificación, el acceso a correos electrónicos, la intranet y otros sistemas internos pueden quedar bloqueados, lo que podría generar inconvenientes operativos, dejar de salir la planilla de determinantes y el parte de Novedades de Balizamiento además del Boletín Fluvial.
Impacto en las operaciones fluviales
Actualmente, las operaciones se mantienen con órdenes de servicio realizadas en el mes de diciembre. antes de la disolución.
Fuentes consultadas señalan que la Anpyn atraviesa un limbo organizacional y, en ese sentido, los trabajadores afectados aseguran que «el reloj sigue corriendo y la tripulación está buscando los chalecos salvavidas, pero no alcanzan para todos».
Sin determinantes, la Prefectura Naval Argentina no va a dejar salir ningún barco de las 67 terminales que van de Santa Fe al océano.
Esta medida forma parte del proceso de reestructuración impulsado por el gobierno para optimizar la dotación en áreas específicas de la administración pública. No obstante, los efectos colaterales sobre las operaciones portuarias y los trabajadores afectados generan preocupación entre gremios y especialistas del sector.
