El presidente Javier Milei anunció nuevas medidas para aumentar la presión sobre empresas petroleras vinculadas con proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en un nuevo capítulo de la disputa de soberanía con el Reino Unido.
Durante una cadena nacional, Milei anticipó la firma de un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la legislación argentina contra compañías que participen, directa o indirectamente, en actividades de extracción de petróleo en las islas sin autorización de Argentina.
El paquete de medidas tendrá impacto también sobre accionistas, directivos y proveedores de las empresas involucradas. Además, el Gobierno prevé impedir que estas compañías puedan desarrollar actividades comerciales en territorio argentino.
El anuncio tiene como uno de sus principales focos al proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que contempla el desarrollo de recursos petroleros offshore en aguas próximas a las islas. Según Milei, la explotación podría comenzar en los próximos meses y representa una amenaza para los intereses estratégicos argentinos.
El mandatario señaló que la Cancillería ya envió alrededor de 180 comunicaciones a empresas y a más de 29 países relacionados con distintos proyectos en las islas para advertir sobre la posición argentina.
En paralelo, el Gobierno impulsará ante el Congreso una ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar el régimen vigente, elevar las sanciones y extender las restricciones a proveedores y otras actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
La iniciativa también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de áreas como Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía, y establece mecanismos para proteger infraestructura crítica y los espacios marítimos y aeroespaciales del país.
Como parte de la estrategia, Milei anunció además un refuerzo presupuestario para Defensa mediante un decreto de necesidad y urgencia, destinado principalmente a avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y ampliar las capacidades de telecomunicaciones. El Gobierno sostiene que la instalación permitirá fortalecer la posición logística argentina en el Atlántico Sur.
Las medidas elevan la dimensión económica y energética de la disputa por las Malvinas, al colocar los proyectos de explotación de hidrocarburos en el centro de la estrategia argentina para defender sus reclamos de soberanía.
Fuente: La Nación Argentina
