El Poder Ejecutivo defendió ante el Senado un paquete de proyectos de ley que apunta a dinamizar la economía, captar nuevas inversiones y generar empleos de calidad para los paraguayos.
Durante la reunión de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, los ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Economía y Finanzas, Carlos F. Valdovinos, presentaron las propuestas que incluyen la actualización de la Ley 60/90, la creación de un régimen para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos y electrónicos, y la modernización de la Ley de Maquila.
Según Giménez, la normativa sobre ensamblaje de equipos electrónicos busca replicar el éxito del régimen automotriz, con la instalación de líneas de montaje para productos como televisores y heladeras con sello “Made in Paraguay”, lo que diversificará la industria y ampliará el mercado laboral.
Por su parte, Valdovinos aseguró que las reformas no afectan beneficios actuales del sector importador, sino que buscan incentivar la inversión privada y la generación de empleos dignos.
La actualización de la Ley 60/90 contempla beneficios como la importación libre de impuestos para bienes de capital en la industria del entretenimiento, la exoneración del Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU) en ciertos casos, la transferencia de bienes de capital entre beneficiarios y la incorporación del fideicomiso como garantía financiera.
En cuanto a la Ley de Maquila, los cambios propuestos incluyen la simplificación de trámites, la ampliación de su alcance y la incorporación del sector servicios, con el objetivo de mantener la competitividad frente a otros países.
El presidente de la Comisión de Industria, Luis Pettengill, respaldó las iniciativas, señalando que la normativa vigente ya no responde a la realidad actual y que Paraguay, al haber alcanzado grado de inversión, se encuentra en condiciones de atraer capitales internacionales.
La Comisión de Legislación decidió postergar la emisión de su dictamen hasta el lunes 18 y se prevé que los proyectos sean tratados en el pleno del Senado dentro de 15 días.
