Los gobiernos de 16 países expresaron su respaldo al Gobierno de Bolivia y manifestaron su preocupación por los efectos de los bloqueos de carreteras que afectan al país desde hace más de siete semanas, al considerar que estas acciones representan una amenaza para la democracia, el estado de derecho y la estabilidad regional.
A través de una declaración conjunta, Paraguay, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú advirtieron sobre los impactos políticos, sociales y humanitarios derivados de las protestas y cortes de rutas que continúan en distintos puntos del territorio boliviano.
Los países firmantes señalaron que los bloqueos forman parte de esfuerzos orientados a «debilitar y derrocar» al gobierno del presidente Rodrigo Paz, al que describieron como legítimo y democráticamente electo. En ese sentido, afirmaron que estas acciones constituyen una «grave amenaza» para el orden constitucional y la estabilidad democrática tanto de Bolivia como del hemisferio.
Según la declaración, los grupos movilizados buscan desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses y han rechazado las instancias de diálogo impulsadas por el Ejecutivo. Los gobiernos sostienen además que una «minoría violenta» ha mantenido bloqueadas importantes vías de comunicación del país, afectando el normal abastecimiento de productos esenciales.
El comunicado destaca que los cortes de carreteras han limitado el acceso de millones de personas a alimentos, combustible, atención médica y otros bienes de primera necesidad, generando importantes dificultades para la vida cotidiana de la población. Asimismo, advierte que la interrupción de la circulación ha comprometido el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los gobiernos también expresaron preocupación por las consecuencias humanas de la crisis. En la declaración se menciona el registro de muertes de civiles bolivianos que, debido a las restricciones en las vías de comunicación, no pudieron acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. De igual manera, se denunció que varios agentes policiales resultaron heridos mientras cumplían funciones durante las manifestaciones.
«La violencia no puede subvertir el orden constitucional», afirmaron los países firmantes, quienes reiteraron su apoyo a las instituciones democráticas bolivianas y rechazaron cualquier intento de alterar el resultado de los procesos electorales mediante acciones de fuerza.
En ese contexto, instaron a los sectores movilizados a privilegiar el diálogo y la negociación dentro de los mecanismos previstos por la Constitución, subrayando que estos constituyen herramientas fundamentales para la resolución de conflictos en una democracia.
La declaración concluye con un llamado a fortalecer la cooperación regional en defensa de la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica. Los países reafirmaron además su compromiso de trabajar conjuntamente para preservar la estabilidad democrática en la región y expresaron su solidaridad con el gobierno del presidente Paz y con el pueblo boliviano.
