Según informó el diario El Observador, el arbitraje internacional iniciado por los accionistas de Montecon contra el Estado uruguayo por la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) atraviesa un nuevo período de incertidumbre luego de que una controversia sobre la integración del tribunal volviera a interrumpir el avance del proceso.
La demanda, presentada por la chilena Neltume Ports ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), reclama una compensación cercana a los US$ 600 millones y cuestiona el acuerdo alcanzado entre Uruguay y Katoen Natie para extender la concesión de TCP en el puerto de Montevideo.
Cuando el caso se encaminaba hacia una instancia clave, la empresa demandante presentó una objeción contra una de las integrantes del tribunal arbitral, lo que activó un procedimiento previsto en las normas del Ciadi y provocó la suspensión temporal de las actuaciones.
La controversia se originó a partir de la participación de la árbitra italiana Loretta Malintoppi en otro proceso internacional en el que intervino el estudio jurídico Arnold & Porter, firma que actualmente representa a Uruguay en este arbitraje. Neltume Ports entiende que esa situación puede afectar las garantías de independencia requeridas para integrar el tribunal.
Por su parte, el Estado uruguayo ya presentó sus descargos ante el organismo internacional, que ahora deberá resolver si mantiene o no la composición actual del tribunal antes de permitir que el procedimiento continúe.
Un conflicto que sigue sin definiciones
La disputa entre Montecon y Uruguay se remonta a la firma del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, que extendió hasta 2081 la concesión de Terminal Cuenca del Plata y redefinió el esquema operativo del puerto de Montevideo.
Neltume Ports sostiene que las condiciones surgidas de ese acuerdo afectaron su inversión en Montecon y vulneraron disposiciones contempladas en el tratado bilateral de protección de inversiones vigente entre Uruguay y Chile.
Desde la presentación de la demanda, el proceso ha estado marcado por sucesivas pausas. Durante 2025 ambas partes intentaron alcanzar una solución negociada mediante distintos períodos de suspensión consensuada, aunque las conversaciones no prosperaron.
Tras el fracaso de esas instancias, el arbitraje retomó su curso y se fijó una primera audiencia para fines de mayo. Sin embargo, la recusación presentada por la demandante volvió a modificar el cronograma y mantiene sin fecha cierta el avance de uno de los litigios más relevantes que enfrenta Uruguay en materia de inversiones y actividad portuaria.
