A más de dos semanas del inicio del conflicto, el ingreso al puerto de Quequén continúa bloqueado por un grupo de transportistas autoconvocados que decidió sostener la medida de fuerza, pese a que la mayoría de los cortes en el resto del país ya fueron levantados. La persistencia del bloqueo mantiene paralizada la terminal y genera pérdidas estimadas en torno a los US$ 300 millones, según cálculos del sector exportador.
La situación impacta de forma directa en la operatoria portuaria y en la cadena agroindustrial de la región. Entidades vinculadas al campo habían reclamado en los últimos días el levantamiento inmediato de la protesta, advirtiendo sobre las consecuencias económicas y logísticas que el conflicto provoca tanto a nivel local como internacional.
Actualmente, 17 buques esperan ser cargados con un total de 347.600 toneladas de granos. De ese número, tres embarcaciones se encuentran amarradas en el puerto y otras catorce permanecen en rada, a la espera de poder operar. La carga pendiente se compone principalmente de 126.000 toneladas de girasol y derivados, 118.600 toneladas de maíz, 78.000 toneladas de trigo y 25.000 toneladas de cebada.
Ante la falta de previsibilidad operativa, algunos buques en tránsito ya comenzaron a desviarse hacia otros puertos, principalmente Bahía Blanca y terminales de Brasil. Además, operadores evalúan trasladar embarcaciones que ya se encuentran en inmediaciones del puerto hacia destinos alternativos, lo que profundiza el impacto económico y comercial del conflicto.
El bloqueo impide cumplir con compromisos comerciales asumidos con compradores internacionales de países como Vietnam, China, España, Bulgaria, Brasil, Malasia y Omán, lo que deriva en penalidades contractuales, mayores costos logísticos y pérdida de oportunidades comerciales. Desde el sector exportador sostienen que el impacto total —entre multas, desvío de cargas y pérdida de negocios— alcanza los US$ 300 millones.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, afirmó que el perjuicio económico se extiende a toda la región. “Entre barcos que fueron derivados a Bahía Blanca y a Brasil, más pérdidas de ingreso de camioneros de la zona, productores, acopios y cooperativas, estamos hablando que Necochea perdió más de US$ 300 millones”, señaló.
El dirigente también advirtió sobre el impacto estructural que el conflicto puede tener en la actividad portuaria. Según estimó, existe una alta probabilidad de que este año se registre una caída significativa en el volumen de cargas operadas en Quequén, luego de que en 2025 el puerto alcanzara un récord de 11 millones de toneladas movilizadas. “Es una pena, porque ahora la exportación va a operar únicamente con Bahía Blanca”, sostuvo.
En esa misma línea, Idígoras alertó sobre el daño reputacional que enfrenta la terminal. “Hoy ya es un ‘puerto sucio’ a nivel internacional, lo que significa que no hay confianza sobre el puerto”, afirmó.
El puerto de Quequén-Necochea cuenta con tres terminales de carga principales: Terminal Quequén (TQQ), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Sitio 0, todas afectadas por la paralización de la actividad.
Desde el sector empresario advierten que el conflicto continúa sin señales claras de resolución. Idígoras sostuvo que los transportistas autoconvocados “no tienen capacidad de diálogo ni decisión” y que los dadores de carga de la zona —entre ellos cooperativas y acopios— ya realizaron propuestas que no fueron aceptadas debido a diferencias internas entre los propios manifestantes.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), Luis Zubizarreta, señaló que la prolongación del conflicto provoca un daño económico y social generalizado.
Esta semana, en su paso por el programa especializado Up River, el dirigente advirtió que el bloqueo no solo representa una sangría económica inmediata —que estimó en hasta US$ 400 millones— sino que constituye una verdadera “mancha reputacional” para el sistema portuario argentino, desplazando al país como origen confiable frente a competidores directos como Brasil.
Zubizarreta explicó que el origen del reclamo —vinculado al aumento del precio del gasoil— fue abordado en las mesas de negociación, donde se acordó un incremento del 14% en la tarifa de referencia para la provincia de Buenos Aires entre dadores de carga y las cámaras transportistas más representativas. Sin embargo, denunció que un grupo minoritario decidió desconocer lo pactado y mantener los bloqueos mediante metodologías que calificó como violentas.
En la misma línea, el vicepresidente de la entidad remarcó que el conflicto perjudica especialmente a los propios transportistas que desean trabajar. Muchos de ellos, sostuvo, se vieron obligados a trasladarse a otras regiones para operar en puertos alternativos, lo que incrementa los costos y reduce los ingresos de la actividad.
El bloqueo en Quequén quedó así como uno de los últimos focos activos de la protesta a nivel nacional. Mientras el resto de los piquetes se levantó tras el acuerdo tarifario, los transportistas que mantienen la medida en esa terminal exigen un incremento mayor, cercano al 17%, a nivel local.
Desde la Federación de Acopiadores, su presidente Fernando Rivara sostuvo que el conflicto involucra a un grupo reducido de transportistas. “El 99% está trabajando y menos del 1% no quiere y amenaza, aprieta y golpea a sus colegas. Es obvio que ese grupo tiene un problema. No es la tarifa”, afirmó.
Rivara también cuestionó la falta de intervención de las autoridades. “¿Dónde están los funcionarios nacionales y provinciales para garantizar el libre tránsito? ¿Dónde están los jueces ante los cuales hicimos las denuncias correspondientes?”, expresó.
Mientras el conflicto continúa sin resolución, el impacto económico, operativo y reputacional sobre el puerto de Quequén y su zona de influencia sigue profundizándose, en un escenario que pone en riesgo la competitividad logística de la región y la confiabilidad del país como proveedor en los mercados internacionales.
