El proyecto legislativo que busca habilitar la participación de buques extranjeros en el cabotaje marítimo argentino generó un fuerte rechazo de organizaciones sindicales y empresariales vinculadas a la actividad fluvial y marítima. A través de una declaración conjunta, tres entidades del sector cuestionaron la iniciativa y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la Marina Mercante Nacional, el empleo y la industria naval.
El pronunciamiento fue firmado por el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo; el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina y la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales. Las organizaciones expresaron su rechazo al expediente S-1844/26, impulsado por la senadora Carolina Moisés y otros legisladores, que cuenta con dictamen de mayoría en el Senado. También objetaron el dictamen de minoría que habilitó su tratamiento en el recinto.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los incentivos tributarios contemplados en la propuesta, que, según las entidades, resultan insuficientes para compensar las consecuencias de una apertura del mercado a embarcaciones extranjeras. Advirtieron que esta posibilidad profundizaría las diferencias competitivas frente a operadores que trabajan bajo otras banderas, particularmente las de Paraguay y Bolivia, cuyas condiciones laborales y operativas podrían generar mayores asimetrías para los trabajadores y armadores argentinos.
Otro aspecto señalado es la incorporación de un procedimiento que facilitaría el abandono de la matrícula nacional. Para las organizaciones, permitir que las embarcaciones cambien de registro y que las flotas extranjeras participen del transporte interno podría provocar una progresiva pérdida de buques argentinos en sus propios tráficos.
La preocupación también alcanza a la formación profesional y a la industria naval. Las entidades sostuvieron que una reducción de la flota nacional afectaría la demanda de personal especializado y comprometería el funcionamiento de escuelas, astilleros, talleres y proveedores vinculados a la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones.
En ese sentido, hicieron especial referencia a la Escuela Nacional Fluvial, que acaba de cumplir 84 años. Advirtieron que la continuidad de esta institución y las oportunidades laborales de sus egresados dependen, en buena medida, de la existencia de una flota nacional que requiera profesionales capacitados.
Las organizaciones también plantearon que la reducción de los costos logísticos requiere inversiones en infraestructura, puertos eficientes y medidas destinadas a sostener y ampliar la capacidad de transporte propia. En su postura, el desarrollo federal de Argentina necesita una estructura nacional capaz de trasladar la producción del país.
Finalmente, rechazaron tanto el proyecto en cuestión como cualquier otra iniciativa que defina el futuro del sector sin la participación efectiva de los trabajadores y armadores argentinos que operan bajo bandera nacional. Asimismo, reclamaron a los legisladores que defiendan el empleo, la formación fluvial, la industria naval y la soberanía logística del país.