La empresa canadiense ATCO desistió de manera irrevocable de sus reclamos contra el Estado uruguayo, sin recibir indemnizaciones ni contraprestaciones económicas. El acuerdo se suma al cierre del arbitraje promovido por Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, concretado en setiembre de 2026.
El Gobierno uruguayo alcanzó un acuerdo con la empresa canadiense ATCO, segundo accionista de Montecon, que permitió poner fin al arbitraje internacional iniciado en 2024 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mediante el cual la compañía reclamaba una indemnización estimada en US$ 240 millones.
Según informó Presidencia de la República, el acuerdo establece la renuncia irrevocable de ATCO a todas las pretensiones, acciones y reclamaciones presentadas contra Uruguay, sin que el Estado deba abonar indemnizaciones ni asumir obligaciones económicas frente a la compañía.
La controversia se originó en abril de 2024, cuando la empresa canadiense inició un procedimiento arbitral al considerar que el acuerdo alcanzado entre el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie, accionista mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP), vulneraba las disposiciones del tratado bilateral de protección de inversiones suscrito entre Uruguay y Canadá en 1997.
El entendimiento alcanzado establece que ninguna de las partes reconoce responsabilidad en relación con el litigio ni deberá compensar económicamente a la otra. Asimismo, el Gobierno aclaró que Uruguay no otorgó beneficios ni contraprestaciones a ATCO ni a Montecon como parte de la resolución.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, destacó que el desistimiento quedó formalizado de manera definitiva y que representa una reducción de los litigios internacionales que enfrenta el país.
Díaz subrayó que el acuerdo no está sujeto a condiciones y que la empresa renuncia también a promover futuras acciones judiciales vinculadas con las reclamaciones comprendidas en el procedimiento.
En cuanto a los costos, explicó que, a diferencia de otros procesos, en el arbitraje iniciado por ATCO no se había llegado a constituir un tribunal arbitral, por lo que el Estado no realizó aportes al CIADI. Los gastos asumidos corresponden a la contratación de los abogados encargados de la defensa.
“Día a día vamos logrando disminuir el número de contiendas internacionales, y hasta ahora con un saldo netamente favorable a Uruguay”, afirmó el jerarca.
El cierre de este procedimiento se suma al arbitraje internacional promovido por Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, que finalizó formalmente en setiembre de 2026, también sin que el Estado uruguayo debiera pagar indemnizaciones.
De esta manera, los dos accionistas de Montecon que habían recurrido a mecanismos internacionales de resolución de controversias por el acuerdo con Katoen Natie desistieron de sus respectivos procedimientos.
El cierre de los arbitrajes también se produce en momentos en que Neltume Ports impulsa una propuesta de inversión para desarrollar una segunda terminal especializada de contenedores en el puerto capitalino, un proyecto que ha reabierto el debate sobre el futuro de la infraestructura portuaria y las condiciones de competencia.
Por otra parte, Díaz confirmó que Uruguay mantiene otros tres procedimientos internacionales, vinculados con la empresa logística Lobraus, la firma Veridos y la española Asesores Financieros Andalucía Occidental-Sociedad Gestora de Patrimonio.
En el caso de Lobraus, el reclamo estaría relacionado con la decisión de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de rescindir el contrato que habilitaba a la empresa a operar en el puerto de Montevideo. La demanda, según información publicada por El Observador, rondaría los US$ 100 millones.
El prosecretario señaló que el Gobierno recibió recientemente la notificación correspondiente y comenzó a analizar el caso, mientras continúa trabajando en la preparación de su defensa en otras controversias internacionales.
Desde Presidencia destacaron que los acuerdos alcanzados con ATCO y Neltume reflejan una estrategia jurídica orientada a proteger los intereses del Estado y los recursos públicos, mediante soluciones que permitan concluir controversias internacionales sin comprometer económicamente al país.