La Justicia argentina rechazó los pedidos para suspender la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales rutas comerciales de Sudamérica, y permitió que el proceso continúe pese a las denuncias por presuntas irregularidades, direccionamiento y documentación falsificada.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó las medidas cautelares presentadas por la diputada Marcela Pagano y por Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quienes buscaban frenar el avance de la concesión mientras se investigan las acusaciones.
En su resolución, el magistrado sostuvo que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que, por el momento, no existen elementos suficientes para justificar la suspensión de una decisión administrativa del Estado. También afirmó que no se comprobó un riesgo concreto que amerite una medida judicial de ese alcance.
Las denuncias sostienen que el pliego habría sido diseñado para favorecer a determinados grupos empresariales y excluir a compañías chinas interesadas en competir por la concesión. Además, los denunciantes aseguraron que dentro del proceso se habría incorporado documentación falsificada atribuida a Naciones Unidas.
Pagano también denunció supuestos vínculos entre funcionarios del gobierno y empresas relacionadas con la licitación, mientras que Míguez advirtió sobre un posible perjuicio económico multimillonario para el Estado argentino durante el período de concesión.
La causa incluye acusaciones por presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Entre los funcionarios mencionados en las denuncias figuran el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Pese a los cuestionamientos y a la investigación judicial en curso, el proceso licitatorio seguirá adelante.
Fuente: Ámbito
