La Policía Federal de Brasil abrió una investigación tras detectar indicios de fraude en la licitación de 2023 para arrendar el Puerto de Itajaí, en Santa Catarina. El proceso había sido convocado por la agencia nacional de transporte acuático correspondiente.
La causa judicial comenzó después de que el Tribunal de Contas da União (TCU) alertara sobre irregularidades en el concurso. En julio pasado el TCU remitió el expediente al Ministerio Público Federal (MPF) de Santa Catarina, que a su vez ordenó a la Policía Federal abrir un expediente.
La empresa que resultó ganadora, Mada Araújo, no contaba con experiencia previa en operaciones portuarias. En la etapa de licitación, la comisión técnica que evaluó las ofertas recomendó su descalificación: la empresa no demostró cómo podría manejar el volumen requerido de 44.000 contenedores (TEUs) por mes.
Sin embargo, esa descalificación fue revertida por la junta directiva de la agencia reguladora responsable, lo que permitió que Mada Araújo quedara como adjudicataria del contrato de arrendamiento por un período provisional de 24 meses.
Poco tiempo después de obtener la concesión, Mada Araújo fue vendida a Seara Alimentos, perteneciente al grupo JBS. Tras la operación, la compañía pasó a operar bajo el nombre JBS Terminais.
En su auditoría, el TCU señaló que el pliego de licitación presentaba graves deficiencias: las reglas del concurso habían sido modificadas durante el proceso, lo que viola la normativa de contrataciones públicas. Además, el pliego carecía de criterios técnicos y financieros objetivos para evaluar a los oferentes, lo que facilitó que una empresa sin trayectoria real en el rubro resultara favorecida.
El TCU también examinó los antecedentes de Mada Araújo: creada en 2010 como consultora, la empresa tenía un capital social mínimo muy bajo y únicamente realizaba actividades de asesoría. Sólo poco antes de presentarse al concurso cambió su objeto social, modificó su nombre y aumentó su capital.
Según la auditoría, estos hechos —junto al hecho de que la empresa nunca demostró contar con la estructura operativa necesaria para gestionar un puerto de la envergadura de Itajaí— constituyen serios indicios de manipulación del certamen con fines de lucro indebido. Por ello, el caso fue enviado al MPF y a la Policía Federal para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Desde la autoridad reguladora se defiende que la licitación fue realizada conforme a criterios definidos desde un inicio, y aseguran que la transferencia societaria fue aprobada de acuerdo con la normativa vigente. El contrato vigente se mantendría hasta que se realice una licitación definitiva, prevista para 2026.
La apertura de esta investigación marca un nuevo capítulo en la polémica del Puerto de Itajaí. Habrá que esperar a que las autoridades aclaren si hubo irregularidades graves y, de ser así, que se apliquen las sanciones correspondientes.
Fuente: DatamarNews
