El vicepresidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), Francisco Bonino, planteó la necesidad de generar condiciones para incorporar unas 500.000 hectáreas de nuevas plantaciones en Uruguay, en un escenario en el que la tasa de crecimiento del área forestal cayó por debajo del 1% anual.
Bonino realizó la presentación en el marco del Desayuno Forestal 2026, “Decisiones de hoy que marcan el futuro”, donde expuso una serie de propuestas para impulsar una nueva etapa de desarrollo del sector forestal uruguayo.
Durante su exposición, el vicepresidente de la SPF advirtió que, pese a que Uruguay todavía dispone de alrededor de 3 millones de hectáreas de suelos de prioridad forestal, la existencia de tierras disponibles no resulta suficiente para asegurar el crecimiento de la actividad.
“Seguimos funcionando en base a lo que plantamos hace muchos años”, señaló Bonino, quien sostuvo que el país se encuentra en un momento en el que debe mirar hacia adelante y replantear la estrategia para las próximas décadas.
Según los datos presentados, durante los primeros años de expansión del sector se llegaron a plantar entre 50.000 y 60.000 hectáreas nuevas por año. En 2007, el área forestada crecía a una tasa cercana al 5% anual y en 2015 se encontraba en 2,8%. Sin embargo, durante el último año el crecimiento fue inferior al 1%.
“La forestación no está creciendo”, afirmó Bonino. De mantenerse la actual tasa, sostuvo, Uruguay necesitaría alrededor de 100 años para duplicar la superficie forestal existente.
El planteo de la SPF no apunta a solicitar nuevos subsidios, sino a identificar y remover las trabas que actualmente dificultan las inversiones. “No hace falta gastar más, hace falta observar dónde están las trabas que hoy tenemos y tomar decisiones”, expresó.
US$ 1.300 millones adicionales en exportaciones
La incorporación de 500.000 hectáreas podría generar, según las estimaciones presentadas por Bonino, un impacto equivalente a 2,5 puntos adicionales del Producto Interno Bruto (PIB), 16.000 nuevos puestos de trabajo y US$ 1.300 millones adicionales de exportaciones.
Actualmente, el complejo forestal genera unos 46.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, aporta aproximadamente US$ 715 millones anuales en impuestos y cargas sociales y genera exportaciones por US$ 2.700 millones. Además, el 13% de la energía del país se genera mediante biomasa que se vuelca a la red eléctrica.
Bonino estructuró la propuesta de la SPF sobre tres grandes ejes: marco regulatorio; logística, infraestructura y energía; y desarrollo industrial y de mercados.
En materia regulatoria, señaló como uno de los principales problemas la falta de criterios técnicos previsibles y de plazos ciertos en los procesos de aprobación. Como alternativa, planteó avanzar hacia un modelo basado en impacto, inspirado en la experiencia de Nueva Zelanda.
La propuesta supone pasar, para determinadas actividades de bajo riesgo, de un sistema de “pedir y esperar” a otro de “notificar y cumplir”, acompañado por un estándar forestal nacional con diferentes niveles de riesgo, plazos definidos para las autorizaciones y una ventanilla única digital que centralice los trámites.
Logística: bitrenes, tritrenes y ferrocarril
La logística fue otro de los puntos centrales de la exposición. Bonino advirtió que Uruguay enfrenta costos elevados frente a sus principales competidores internacionales y recordó que se trata de una actividad fuertemente exportadora, en la que el transporte representa una parte significativa de los costos.
Entre las medidas propuestas se encuentra ampliar los corredores habilitados para bitrenes y tritrenes. Según indicó, transportar mayores volúmenes por camión permitiría reducir alrededor de 15% el costo del flete, pero actualmente existen corredores interrumpidos por restricciones departamentales, puentes no habilitados y problemas de coordinación.
También propuso extender el sistema ferroviario desde el Río Negro hacia el norte y la zona noreste del país y asegurar una conexión directa con el puerto de Montevideo.
Bonino se refirió además a la situación portuaria y advirtió que los conflictos pueden afectar no solamente a las cargas que esperan ser embarcadas, sino también a la decisión de las líneas marítimas de recalar en Uruguay.
“Cuando ven que hay un puerto que es conflictivo, lo evitan”, afirmó, señalando que Montevideo compite en la región con alternativas de Brasil y Argentina.
Más industria y valor agregado
El tercer eje está relacionado con el desarrollo de nuevas industrias que permitan absorber una mayor producción de madera y aumentar el valor agregado.
Bonino informó que actualmente existen US$ 350 millones de inversión prevista en tres industrias de madera sólida, destinadas a productos vinculados, entre otros usos, a la construcción y los muebles. Esto representa un cambio frente a períodos anteriores, cuando las principales inversiones estuvieron concentradas en la celulosa.
A esto se suman oportunidades vinculadas a nuevas tecnologías. Durante su presentación mencionó, entre otros ejemplos, el desarrollo de baterías que utilizan carbono derivado de la lignina para sustituir el grafito en sus ánodos, así como nuevos materiales elaborados a partir de madera con potencial de utilización en sectores como la industria aeroespacial.
Las perspectivas internacionales también muestran una demanda creciente. De acuerdo con datos de la FAO citados por Bonino, la demanda mundial de madera en rollo podría aumentar 49% entre 2020 y 2050, mientras que serían necesarias unas 33 millones de hectáreas adicionales de plantaciones para atender el crecimiento del consumo.
El carbono como motor de nuevas inversiones
Otro de los componentes de la estrategia está relacionado con el mercado de carbono. La Sociedad de Productores Forestales trabaja junto al LATU en el desarrollo de un estándar nacional y entiende que este instrumento podría contribuir al financiamiento de las nuevas plantaciones.
“Lo que en otra época fue el subsidio, podría ser el carbono”, afirmó Bonino, quien señaló que este mecanismo ya constituye uno de los principales impulsores de nuevos proyectos forestales en otras partes del mundo.
El vicepresidente de la SPF cerró su presentación sintetizando el planteo del sector: “Que el Estado defina y mantenga reglas claras para todos, y que el sector privado responda con más inversión”.
