El Gobierno uruguayo considera que el conflicto diplomático generado por el proyecto de HIF Global en Paysandú está encaminado, pese a que aún desconoce si continúan otras acciones judiciales o administrativas en Argentina contra la instalación de la planta de hidrógeno verde y e-combustibles.
La iniciativa, que contempla una inversión inicial cercana a US$ 1.000 millones y forma parte de un proyecto de mayor escala que podría superar los US$ 5.000 millones, enfrenta dos desafíos principales: cerrar las condiciones económicas del acuerdo entre el Estado y HIF y contener las objeciones surgidas en la vecina provincia de Entre Ríos.
La controversia con Argentina se intensificó por la ubicación originalmente prevista para la planta, próxima al río Uruguay y frente a la ciudad de Colón. Las autoridades argentinas y organizaciones locales habían expresado preocupación por posibles impactos ambientales y visuales.
Según el Gobierno uruguayo, el proyecto fue posteriormente modificado tanto en su diseño como en su localización. La planta ya no se instalaría sobre el margen del río, sino en otro predio de Paysandú, una modificación que Montevideo considera clave para reducir las objeciones del otro lado de la frontera.
La confusión surgió luego de que el presidente Yamandú Orsi afirmara que en Argentina se había retirado una denuncia penal contra el proyecto. La declaración generó cuestionamientos porque algunas de las acciones mencionadas por actores argentinos continúan vigentes.
Desde el Ejecutivo uruguayo aclararon que Orsi se refería a una presentación realizada por la viceintendenta de Colón, María de los Ángeles Dalleves, ante el mecanismo de apoyo al cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Esa acción, orientada a promover una instancia de mediación y participación transfronteriza, fue retirada el 25 de agosto.
Montevideo, sin embargo, admite que no tiene información completa sobre la cantidad de acciones judiciales o de otro tipo que puedan permanecer activas en Argentina para intentar frenar el proyecto. La Cancillería entiende que la relocalización de la planta podría dejar sin fundamento algunas de las objeciones vinculadas al impacto visual sobre Colón.
El Gobierno uruguayo destaca además una mejora en el diálogo con la administración del presidente Javier Milei y busca evitar que el caso derive en un nuevo conflicto bilateral similar al que enfrentó a ambos países por las plantas de celulosa hace dos décadas.
En paralelo, HIF y el Gobierno todavía deben resolver aspectos centrales del acuerdo de inversión, entre ellos quién será propietario de la infraestructura, quién asumirá determinadas inversiones y cuál será el precio de la energía suministrada al proyecto. La definición de estas condiciones será determinante para que la compañía avance con su decisión final de inversión.
Fuente: El País
