Estados Unidos comenzará a aplicar desde este viernes nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a importaciones provenientes de unas 60 economías, en el marco de una nueva etapa de la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump.
La medida responde a investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que concluyó que varios países no cuentan con una prohibición efectiva para la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
Uruguay integró el grupo de economías investigadas desde marzo de este año por no disponer de una prohibición explícita sobre este tipo de productos. Como resultado, pasará a enfrentar un arancel adicional del 12,5%, uno de los más altos contemplados dentro del nuevo esquema.
El USTR explicó que esta tasa corresponde a las economías que no prohíben la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, que no asumieron el compromiso de implementar esa restricción mediante un acuerdo comercial recíproco y que tampoco integran el grupo de socios con regímenes diferenciados, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza.
Cancillería uruguaya confirmó a El País la noticia y señaló que «se está analizando» sus implicancias. Además, indicó que la decisión «estaba dentro de lo previsto», en referencia a la comunicación emitida por el USTR en marzo.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas también confirmaron que Uruguay dejará de estar alcanzado por el arancel temporal del 10% vigente desde febrero y pasará a tributar una tasa del 12,5%.
En América Latina, Argentina, Ecuador, México, Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentarán un arancel adicional del 10%, mientras que Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay quedarán sujetos al gravamen del 12,5%.
La Unión Europea, considerada como un bloque, tendrá un arancel del 10%, mientras que otros socios comerciales como India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá y el Reino Unido tendrán tasas que variarán según el origen y el tipo de producto. China no figura en esta nueva lista debido a que ya está alcanzada por un régimen arancelario específico.
Según el USTR, la medida abarca a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, responsables de cerca del 99,4% de las importaciones del país.
La nueva estrategia comercial surge después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara inconstitucionales los aranceles generalizados impuestos previamente por Trump, al considerar que solo el Congreso tiene facultades para establecer ese tipo de gravámenes. En respuesta, la administración estadounidense optó por aplicar aranceles sustentados en investigaciones específicas realizadas por el USTR.
El organismo sostuvo que las prácticas de las economías investigadas respecto a la falta de controles sobre bienes producidos con trabajo forzoso constituyen una práctica comercial irrazonable. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que el país mantiene desde hace casi un siglo una prohibición sobre este tipo de importaciones y consideró que sus socios comerciales deberían adoptar medidas similares.
El USTR también informó que algunos productos quedarán exceptuados de los nuevos aranceles, especialmente aquellos cuya aplicación podría generar problemas de abastecimiento en Estados Unidos o cuya inclusión no contribuiría a corregir las prácticas cuestionadas.
Paralelamente, la administración Trump continúa negociando acuerdos comerciales con socios estratégicos como México y Canadá, en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
