El Centro de Navegación de Argentina solicitó la intervención urgente de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y de la Prefectura Naval Argentina ante la creciente falta de prestación de los servicios de practicaje, pilotaje y baquía, situación que, según la entidad, se agravó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/26.
En una nota enviada este 3 de agosto a ambas autoridades, la cámara que representa a agencias marítimas y empresas vinculadas al comercio exterior sostuvo que numerosos profesionales dejaron de aceptar servicios debido a la supuesta falta de condiciones de seguridad jurídica y operativa, lo que ha generado una situación que califica como “generalizada”.
De acuerdo con el documento, hasta el momento existen al menos 140 buques pendientes de confirmación de servicios de practicaje o pilotaje, cifra que podría incrementarse con el ingreso y egreso de nuevas embarcaciones en la Vía Navegable Troncal.
El Centro de Navegación de Argentina también advirtió que ya comenzaron a registrarse cancelaciones de escalas en puertos argentinos, con buques que fueron redireccionados hacia el Puerto de Montevideo y terminales del sur de Brasil. Según la entidad, esto afecta particularmente a los puertos del Río de la Plata, incluyendo Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana y los puertos de la zona up river, además de Bahía Blanca y Quequén.
La organización señaló que este escenario podría derivar en una fuerte congestión de las operaciones portuarias y de la navegación, con consecuencias económicas para toda la cadena logística. Entre los efectos mencionados figuran incumplimientos contractuales, mayores costos operativos, pérdida de divisas, interrupciones en la cadena de abastecimiento, reducción de la capacidad de almacenamiento de las plantas industriales y pérdida de puestos de trabajo.
Asimismo, el Centro de Navegación de Argentina sostuvo que la situación compromete la confiabilidad del sistema marítimo-portuario argentino y advirtió sobre eventuales riesgos para la seguridad de la navegación, las tripulaciones, los pasajeros, los armadores y los propietarios de las cargas.
En ese contexto, la entidad solicitó a las autoridades una intervención inmediata para garantizar la continuidad de los servicios de practicaje, pilotaje y baquía. En su presentación recordó que el practicaje constituye un servicio público, conforme a la Ley de Navegación, y que además fue declarado una “actividad trascendental” por la legislación vigente.
