El acceso al mercado de la Unión Europea podría enfrentar nuevas restricciones para grandes proveedores agrícolas como Brasil si prospera una iniciativa de Bruselas destinada a reducir a cero los residuos permitidos de determinados plaguicidas considerados de alto riesgo.
La Comisión Europea analiza establecer límites máximos de residuos (LMR) equivalentes al límite de cuantificación para algunas sustancias no autorizadas dentro del bloque. Aunque el cambio no implicaría formalmente una prohibición de esos productos, en la práctica dificultaría o impediría su ingreso al mercado europeo cuando se detecten trazas de los agroquímicos alcanzados.
La iniciativa podría tener consecuencias relevantes para Brasil, uno de los principales proveedores agrícolas de la UE. El país exportó más de 18.000 millones de euros en productos agropecuarios al bloque durante el último año y figura entre las economías que, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, estarían más expuestas a la nueva normativa.
El análisis identifica 976 sustancias activas que no están aprobadas en la UE. De ese universo, 80 cumplen los criterios europeos de mayor peligrosidad y 18 cuentan actualmente con límites máximos de residuos superiores al límite de cuantificación, por lo que podrían quedar directamente alcanzadas por la eventual reducción a cero. En conjunto, la medida tendría potencial impacto sobre 235 productos procedentes de 86 países.
Tres escenarios de impacto
El estudio europeo analiza tres posibles escenarios según el grado de respuesta de los países exportadores.
En el escenario más severo, los productores mantienen sus actuales métodos de cultivo y pierden el acceso al mercado comunitario. Bajo esta hipótesis, las importaciones agrícolas de la UE se reducirían 41% en volumen. Los descensos serían particularmente pronunciados en cítricos y soja, con caídas estimadas de 92% y 90%, respectivamente.
La producción agrícola comunitaria aumentaría 1,1%, mientras que algunos sectores ganaderos sufrirían las consecuencias de un encarecimiento de los alimentos para animales. El costo de los piensos o alimentos balanceados podría aumentar 87%, provocando una reducción de 5,8% en la producción de carne de cerdo y de 5,4% en la de aves.
El impacto también se trasladaría directamente a los consumidores. En este escenario, el precio del café podría aumentar hasta 332%, mientras que la harina de soja subiría 105% y los cítricos 85%. La menor demanda europea también presionaría a la baja los precios recibidos por productores de terceros países que pierdan acceso al mercado.
Un segundo escenario contempla una adaptación parcial de los proveedores. En este caso, las importaciones agrícolas europeas disminuirían 8% y la producción del bloque crecería 0,23%. Los principales aumentos de precios se registrarían en uva de mesa, con 6,5%; café, con 6%; y cítricos, con 5,6%.
La tercera hipótesis supone una adaptación amplia de los productores de los países exportadores. Aunque los costos de colocar mercancías en el mercado europeo aumentarían alrededor de 5%, la caída de las importaciones sería limitada, de apenas 0,4%. En este escenario, los efectos sobre la producción y los precios europeos permanecerían por debajo de 1%.
Brasil, entre los países más expuestos
El estudio advierte que el impacto no necesariamente sería uniforme sobre toda la producción agrícola de cada país. Los mayores riesgos se concentrarían en las actividades orientadas a la exportación de productos tratados con las sustancias incluidas en la revisión.
Entre los países con mayor exposición económica aparecen Turquía, Marruecos, Colombia, Brasil y Ucrania. Si se considera la participación de la UE dentro de las exportaciones totales de los productos analizados, Marruecos presenta una exposición de 79,9%, mientras que Brasil alcanza 52,8%.
El análisis identifica en total a 30 países potencialmente afectados. Entre los más dependientes de sus exportaciones figuran Brasil, Argentina, Uruguay, Marruecos, Colombia, Turquía, Ucrania, Serbia, Panamá, Reino Unido, Senegal y otros mercados. Perú, Ecuador y Costa Rica aparecen principalmente expuestos por su dependencia de determinados sectores productivos, mientras que Estados Unidos, Vietnam, Chile, China, Canadá, Sudáfrica, Israel, Costa de Marfil, República Dominicana, Túnez y Belice figuran por el valor de sus exportaciones en riesgo.
La exposición brasileña también se observa en el comercio de cítricos. Datos de Datamar muestran que cinco de los diez principales destinos de las exportaciones brasileñas de estos productos se encuentran dentro de la Unión Europea. Cerca de 80% de esos embarques tienen como destino el puerto de Róterdam, en Países Bajos, que funciona como uno de los principales puntos de entrada y redistribución de mercancías hacia otros mercados europeos.
La soja concentra una parte importante del riesgo
La soja constituye uno de los casos más sensibles debido al peso de Brasil en el abastecimiento europeo. La UE utiliza grandes volúmenes de soja y harina de soja, principalmente para la alimentación animal, y Brasil aporta cerca de la mitad de la soja que consume el bloque.
El estudio examinó 18 sustancias activas y detectó residuos de cuatro de ellas en soja y harina de soja importadas desde Brasil. Tres de esas sustancias están autorizadas para su utilización en el cultivo de soja brasileño.
Si Brasil decidiera mantener sin cambios sus actuales prácticas agrícolas, las compras europeas de soja brasileña podrían caer 95%, equivalente a unas 591.000 toneladas métricas. La situación sería todavía más drástica para la harina de soja: las importaciones europeas procedentes de Brasil podrían desaparecer por completo, con una reducción estimada de 9,525 millones de toneladas métricas.
La magnitud del impacto disminuiría a medida que los productores brasileños adapten sus métodos a las exigencias europeas. Con un costo adicional de adaptación de 20%, la caída de las exportaciones de soja brasileña hacia la UE se reduciría a alrededor de 30%, según la simulación.
El volumen total exportado por Brasil se mantendría prácticamente estable en los distintos escenarios, ya que otros mercados absorberían buena parte de la mercadería que dejaría de ingresar a Europa. Sin embargo, esta sustitución no sería completamente neutra para los productores. En la hipótesis más desfavorable, los precios recibidos en Brasil caerían 5,6%; en un escenario intermedio, la reducción sería de 1%.
El desplazamiento de los flujos comerciales también tendría efectos sobre el mercado internacional de oleaginosas, las operaciones de molienda y las cadenas de suministro de alimentos para animales. La UE debería buscar proveedores alternativos que no estén afectados por la reducción de los límites de residuos.
Adaptarse tendría un costo
La Comisión Europea sostiene que existen alternativas para reemplazar algunas de las sustancias actualmente utilizadas por los productores de terceros países. Sin embargo, el cambio podría elevar los costos de producción entre 20% y 40%, dependiendo del cultivo y del país.
En Brasil, por ejemplo, el estudio identifica alternativas autorizadas en Europa al ciproconazol, un fungicida utilizado para combatir enfermedades en los cultivos. Entre ellas aparecen sustancias como fosetil-aluminio, bixafen, metalaxil-M, fluazinam y fluxapyroxad, utilizadas también en distintos cultivos de cereales.
Al mismo tiempo, Brasil continúa utilizando sustancias que no cuentan con autorización europea, entre ellas propiconazol, flutriafol y mancozeb. El flutriafol mantiene límites de residuos superiores al límite de cuantificación para algunas categorías de cereales, aunque no integra la clasificación de mayor riesgo que constituye el foco principal del estudio.
En el café, el análisis señala que no existe evidencia de un uso de piraclostrobina en la producción brasileña, pese a que el producto está autorizado para ese cultivo. En soja, Brasil emplea además alternativas al ciproconazol que sí cuentan con aprobación europea, como protioconazol y piraclostrobina.
Argentina también dispone de fungicidas alternativos autorizados en la UE para determinadas producciones, entre ellas el cultivo de frijol.
Disputa comercial en la OMC
La posible modificación de los LMR ya generó cuestionamientos entre los principales países agrícolas. Al menos 19 productores y exportadores, entre ellos Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá y Australia, plantearon sus preocupaciones ante la Organización Mundial del Comercio.
La posición de estos países es que la UE estaría utilizando criterios propios de peligrosidad para determinar qué sustancias pueden permanecer en los productos importados, en lugar de aplicar evaluaciones de riesgo sustentadas en evidencia científica, como las contempladas por las reglas internacionales de comercio.
También cuestionan que las nuevas exigencias puedan trasladar fuera del territorio europeo determinadas condiciones de producción diseñadas para los agricultores del bloque. Desde la perspectiva de los exportadores, las diferencias climáticas, agrícolas y productivas entre países pueden justificar el uso de determinados agroquímicos que no son utilizados o autorizados en Europa.
La controversia se desarrolla además en un momento políticamente sensible para Bruselas. La propuesta apareció mientras la Comisión buscaba responder al malestar de agricultores europeos frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
El proceso legislativo todavía no está cerrado. La iniciativa es analizada por separado en el Parlamento Europeo y por los Estados miembros, que mantienen posiciones divergentes sobre el alcance de las nuevas reglas. Irlanda, que actualmente ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, podría presentar una fórmula de compromiso en septiembre.
Para los países exportadores, la discusión va más allá de una modificación técnica de los límites de residuos. Advierten que la aplicación de criterios europeos más estrictos podría alterar cadenas de suministro, elevar costos, desviar flujos comerciales y reducir el acceso de determinados productos al mercado comunitario.
Para la Unión Europea, en cambio, el desafío consiste en equilibrar las demandas de sus productores agrícolas con el impacto que una política de tolerancia cero podría generar sobre el abastecimiento y los precios internos. Las estimaciones de la propia Comisión muestran que, sin adaptación de los proveedores, el costo para consumidores y sectores dependientes de materias primas importadas podría ser considerable.
La discusión podría convertirse así en un nuevo punto de tensión para el comercio agrícola entre Europa y sus principales proveedores, incluso mientras avanza el proceso relacionado con el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur.
Fuente: DatamarNews
