La Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil emitió una opinión favorable a una eventual reestructuración accionaria de Brasil Terminal Portuário (BTP), operador de una terminal de contenedores en el puerto de Santos.
BTP está actualmente controlada en partes iguales por APM Terminals, la división portuaria de Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), perteneciente al grupo naviero MSC. La operación analizada contempla que una de las compañías adquiera la participación del 50% de la otra si resulta adjudicataria de la futura subasta de Tecon Santos 10.
El dictamen, emitido el 17 de agosto, concluyó que la operación no presenta riesgos para la competencia. Cade señaló que se trataría de una consolidación del control corporativo, aunque aclaró que su análisis se limita a los efectos competitivos de la transacción y no determina si las empresas cumplen con las condiciones que eventualmente establezca la licitación.
Las actuales reglas de la subasta, establecidas por la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), restringen la participación de operadores que ya actúan en Santos y de compañías navieras. Maersk y MSC buscan que esas condiciones sean modificadas para permitir su participación, siempre que se desprendan de activos existentes en el puerto.
El Gobierno brasileño todavía no definió una posición oficial sobre el cambio regulatorio. La expectativa es que la subasta de Tecon Santos 10 pueda ser postergada hasta 2027.
El puerto de Santos mantiene un elevado volumen de actividad. En el primer semestre de 2026 movilizó 780.406 TEU de importaciones y 697.538 TEU de exportaciones, según datos de Datamar.
ICTSI queda fuera del proceso
En paralelo, Cade rechazó la solicitud presentada por International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), grupo filipino interesado en participar en la futura subasta, para intervenir como tercero interesado en el expediente relacionado con BTP.
El organismo consideró que la intervención no resultaba oportuna ni conveniente para el análisis del caso. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que terceros aporten documentos o información relevante para la evaluación de la autoridad, incluso sin formar parte formalmente del procedimiento.
Fuente: A Tribuna
