El conflicto entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y sus trabajadores continúa sin una solución definitiva y aumenta la preocupación del sector empresarial y del propio gobierno por sus efectos sobre la actividad productiva y la competitividad del país.
El conflicto tiene además una particularidad: el Estado uruguayo es propietario del 20% de Terminal Cuenca del Plata (TCP), mientras que el restante 80% pertenece a Katoen Natie. En lo que va del año se contabilizan 33 paros, una cifra que duplica la cantidad de medidas registradas en años anteriores y que genera una creciente preocupación por sus efectos sobre la actividad portuaria y el sector productivo nacional.
Ante este escenario, las cámaras empresariales han reclamado una solución urgente. Días atrás, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) mantuvo una reunión en Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi, en la que el conflicto portuario ocupó un lugar relevante y se planteó incluso la posibilidad de recurrir a la esencialidad de los servicios.
Tras el encuentro, el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro, señaló que el Poder Ejecutivo cuenta con herramientas para intervenir si la situación lo requiere, aunque indicó que actualmente las expectativas están puestas en alcanzar un entendimiento entre las partes.
“En el gobierno tienen esos instrumentos sobre la mesa. Pero lo que estaban viendo es que está cercano a cerrarse un acuerdo y eso es lo que se está buscando”, afirmó.
En los últimos días, distintas autoridades nacionales también se pronunciaron sobre el conflicto y sus posibles consecuencias para Uruguay.
El canciller Mario Lubetkin advirtió que las dificultades en el puerto pueden afectar la capacidad del país para competir internacionalmente y llamó a todos los actores involucrados a alcanzar un acuerdo.
“O todos empujamos en la misma dirección, o esto no va”, sostuvo.
Sin embargo, una de las intervenciones que generó mayor repercusión fue la del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Si bien remarcó que se trata de un conflicto entre una empresa y sus trabajadores, aseguró que el gobierno viene participando activamente en la búsqueda de una salida.
Sánchez explicó que tanto Presidencia como la ministra de Transporte y Obras Públicas y el ministro de Trabajo y Seguridad Social siguen de cerca las negociaciones. “Han habido reuniones en Torre Ejecutiva y vamos destrabando un conflicto complejo”, señaló durante una entrevista con Desayunos Informales.
El secretario de Presidencia también cuestionó algunas de las posiciones asumidas durante el conflicto y remarcó el impacto que tiene cualquier paralización de la terminal especializada de contenedores sobre el funcionamiento del puerto.
En ese sentido, mencionó el planteo de “exigir 50 mil pesos por cabeza para sentarse a negociar”, una condición que, según aclaró, “ya no está arriba de la mesa, por suerte”.
Otro de los puntos que ingresó en la discusión es el alcance de la Ley de Puertos. Su artículo primero establece que “los servicios portuarios se prestarán en los puertos comerciales de la República durante las veinticuatro horas del día y durante todos los días del año, si la respectiva demanda lo requiere”.
Consultado sobre si esta disposición podría permitir garantizar la operativa sin necesidad de decretar la esencialidad, Sánchez indicó que el gobierno ya transmitió a las partes la necesidad de mantener servicios mínimos durante las medidas sindicales.
“Le hemos planteado al sindicato y a la empresa que necesitamos tener guardia gremial para que no se interrumpa el servicio”, afirmó.
Hasta el momento, agregó, el gobierno ha logrado sortear los inconvenientes generados por las paralizaciones. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de adoptar una medida más contundente si el conflicto vuelve a afectar de manera crítica la operativa portuaria: si fuera necesario recurrir a la esencialidad, aseguró, el Poder Ejecutivo utilizará esa herramienta.
En medio de una creciente presión para alcanzar una salida, este jueves las partes vuelven a reunirse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En los últimos días ha trascendido que las posiciones se encuentran más próximas y que existen expectativas de avanzar hacia un acuerdo.
La reunión aparece así como una nueva instancia clave para intentar cerrar un conflicto que lleva meses y que ya trascendió la relación entre la empresa y sus trabajadores para convertirse en un asunto de preocupación para el sector productivo y para el gobierno, por el impacto que la continuidad de las medidas puede tener sobre el principal puerto comercial del país y la competitividad internacional de Uruguay.
