La presidenta de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo (AUDM), Mónica Ageitos, planteó la necesidad de fortalecer la competitividad del sistema portuario nacional, preservar los principios que impulsaron su desarrollo y avanzar en una mayor coordinación regional para mejorar el funcionamiento de la Hidrovía Paraguay–Paraná. Asimismo, advirtió sobre la importancia de anticiparse a los desafíos tecnológicos, ambientales y jurídicos que enfrentará la actividad marítima en los próximos años.
Durante el encuentro “Desafíos del Uruguay marítimo-portuario”, organizado por la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo y la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, realizado en el Palacio Legislativo, Ageitos analizó el posicionamiento de Uruguay como centro logístico regional, el impacto de la reforma portuaria de 1992 y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento del sector.
Uruguay cuenta actualmente con quince puertos públicos y privados, entre los que Montevideo y Nueva Palmira concentran buena parte de la actividad por su volumen de carga y relevancia estratégica. A esta infraestructura se suman zonas destinadas a operaciones de transbordo, transferencias de carga entre buques (ship-to-ship) y otros servicios marítimos.
Ageitos recordó que la aspiración de convertir al país en un hub portuario regional tiene raíces históricas y responde, fundamentalmente, a las características de su comercio exterior. Aunque los volúmenes de carga nacionales han aumentado, todavía resultan insuficientes para garantizar por sí solos la presencia permanente de las grandes compañías navieras y sus servicios regulares.
Como antecedente, mencionó que ya en 1906 José Serrato sostenía que una inversión de la magnitud del puerto de Montevideo solamente se justificaba si este asumía una verdadera vocación regional.
Sin embargo, advirtió que las ventajas geográficas no alcanzan para asegurar ese posicionamiento. “La ubicación geográfica constituye una ventaja, pero no garantiza el éxito”, afirmó.
Para consolidarse como centro logístico, Uruguay debe integrarse a las principales rutas marítimas, conectarse con mercados relevantes de producción y consumo y ofrecer condiciones competitivas de accesibilidad marítima y terrestre.
A su vez, necesita infraestructura portuaria moderna y con profundidad suficiente, conexiones internas eficientes y un entorno regulatorio que otorgue seguridad a las inversiones y a las operaciones.
En ese sentido, Ageitos destacó la importancia de contar con “un marco normativo estable y previsible, y una comunidad portuaria responsable, competitiva, dinámica, moderna y con visión de futuro”.
Entre los instrumentos jurídicos que han contribuido al desarrollo del sector identificó especialmente a la Ley de Puertos y al Acuerdo de la Hidrovía Paraguay–Paraná, junto con la Ley de Zonas Francas, la Ley Forestal y la Ley de Inversiones.
La presidenta de AUDM dedicó parte de su exposición a la transformación que experimentó la actividad portuaria durante la década de 1990, cuando se impulsó un nuevo modelo de gestión que abrió mayores espacios a la inversión pública y privada, tanto nacional como extranjera.
La Ley de Puertos de 1992 constituyó uno de los principales cambios estructurales, al consolidar la orientación de Montevideo y Nueva Palmira como centros regionales de tránsito y transbordo de mercaderías.
La reforma incorporó la prestación permanente de servicios, la participación de operadores privados, la libre competencia y el régimen de Puerto Libre, herramientas que favorecieron la eficiencia operativa, la conectividad marítima y el crecimiento de los volúmenes movilizados.
Uno de los aspectos más relevantes fue la incorporación de empresas privadas a actividades anteriormente desarrolladas por el Estado, permitiendo avanzar hacia el modelo conocido como Landlord Port, basado en la participación de operadores privados en la prestación de servicios portuarios.
Ageitos también se refirió al Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay (CAROU), que mantuvo y amplió aspectos del régimen portuario, aunque introdujo plazos de permanencia para las mercaderías.
Recordó que su discusión involucró a especialistas y representantes académicos, quienes participaron en reuniones realizadas en el Centro de Navegación para analizar las modificaciones normativas.
A más de tres décadas de la reforma, consideró favorable el balance del sistema, señalando que la evolución de los puertos uruguayos constituye una muestra de su contribución al desarrollo nacional.
En particular, sostuvo que “los principios que inspiraron la Ley de Puertos de 1992 continúan vigentes y también se encuentran presentes en las legislaciones portuarias más modernas”.
La Hidrovía Paraguay–Paraná ocupó otro lugar central en su intervención. Ageitos destacó que el desempeño de los puertos uruguayos está estrechamente vinculado con el funcionamiento del sistema fluvial regional, que conecta importantes zonas productivas del continente con el océano Atlántico.
Montevideo, especializado principalmente en cargas contenerizadas, y Nueva Palmira, orientado a los graneles, constituyen puntos estratégicos de conexión entre la Hidrovía Paraguay–Paraná–Uruguay y los mercados internacionales.
En este contexto, subrayó la importancia del acuerdo regional, que facilita la salida de mercaderías de los países mediterráneos a través de los puertos y contribuye a mejorar la competitividad de sus exportaciones, tanto de materias primas como de productos manufacturados.
Ageitos repasó los principios que sustentan este marco jurídico, comenzando por la libertad de navegación, que garantiza el tránsito de las embarcaciones de los países signatarios sin restricciones basadas en su bandera o nacionalidad.
A ello se suma la igualdad de tratamiento, que impide establecer ventajas fiscales, aduaneras, operativas o tarifarias en favor de las embarcaciones nacionales y en perjuicio de las de otros Estados miembros.
El acuerdo también contempla la libertad de tránsito, mediante la simplificación de procedimientos aduaneros y controles fronterizos, y la eliminación progresiva de las reservas de carga, con el objetivo de promover la competencia en condiciones de igualdad.
Para Ageitos, el funcionamiento eficiente de esta vía navegable resulta determinante para una región productora y exportadora de alimentos y otras materias primas, al permitir reducir los costos logísticos, facilitar el acceso al mar y mejorar la competitividad del comercio exterior.
No obstante, identificó una serie de desafíos que todavía deben resolverse para aprovechar plenamente su potencial.
Entre ellos mencionó la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de navegabilidad en toda la extensión de la Hidrovía, mantener y profundizar los canales mediante programas de dragado y mejorar las intervenciones en el río Paraguay, tanto en los tramos soberanos como compartidos.
También destacó la importancia de asegurar la navegación durante las 24 horas, un aspecto fundamental para mejorar la eficiencia del transporte fluvial y reducir las limitaciones operativas.
En paralelo, planteó la necesidad de facilitar la circulación de tripulantes y equipos mediante la homologación de capacitaciones entre los países miembros, así como simplificar y modernizar los requisitos documentales y los procedimientos administrativos.
Pero los desafíos no se limitan a la infraestructura y a las condiciones de navegación. Ageitos también puso el foco en la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos institucionales que regulan el funcionamiento de la Hidrovía.
“La necesidad de fortalecer la institucionalidad de la Hidrovía es cada vez más clara”, afirmó.
En particular, propuso otorgar mayores capacidades reglamentarias al Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) y establecer mecanismos de consulta previa entre los Estados miembros, con el propósito de mejorar la coordinación y evitar obstáculos a la circulación de mercaderías.
Según explicó, el organismo debería contribuir a eliminar las barreras que afectan al transporte fluvial y asegurar una continuidad técnica que no dependa de los cambios de gobierno.
Para alcanzar ese objetivo, consideró necesario que las delegaciones estén integradas por representantes con conocimientos especializados y que estos permanezcan en sus funciones durante períodos suficientes para garantizar la continuidad del trabajo.
Ageitos también reivindicó el papel del sector privado en la toma de decisiones vinculadas a la Hidrovía.
“La participación del sector privado en las comisiones de trabajo debe estar garantizada”, sostuvo, y agregó que “una gestión moderna de la Hidrovía exige cooperación permanente entre los sectores público y privado”.
En el tramo final de su exposición, la presidenta de AUDM abordó los desafíos que enfrenta el conjunto de la actividad marítima y portuaria ante las transformaciones del comercio internacional.
Señaló que el sector evoluciona constantemente y que Uruguay debe prepararse para responder a nuevas exigencias logísticas, tecnológicas y ambientales mediante una estrategia nacional que trascienda las necesidades inmediatas.
En particular, llamó la atención sobre las implicancias jurídicas que tendrán la incorporación de nuevas energías, el desarrollo tecnológico y la aparición de nuevas actividades vinculadas al transporte marítimo y a las operaciones portuarias.
“También será necesario adelantarnos a los desafíos jurídicos que significarán para el país las nuevas energías, la nueva tecnología y las nuevas actividades”, expresó.
En ese marco, manifestó la disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones normativas que acompañen la transformación del sector y permitan avanzar hacia un sistema portuario más moderno.
La intervención de Ageitos dejó planteada la importancia de combinar la estabilidad de los instrumentos jurídicos que impulsaron el crecimiento portuario uruguayo con una agenda de modernización que contemple infraestructura, accesibilidad, integración regional y actualización normativa.
