El Gobierno de Brasil abrió formalmente un proceso para determinar si puede aplicar medidas de represalia contra los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus exportaciones, al amparo de la Ley de Reciprocidad Económica, vigente desde 2025.
La decisión fue comunicada el jueves por el Palacio de Planalto, después de que la Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) trasladara la solicitud a los integrantes de su comité directivo. Como parte del procedimiento, la Cancillería brasileña notificará a Washington y solicitará consultas diplomáticas para buscar una salida negociada.
La apertura del proceso no supone una represalia inmediata. Las autoridades deberán determinar primero si las medidas estadounidenses encajan en los supuestos previstos por la legislación brasileña y si corresponde activar los mecanismos de respuesta establecidos.
Brasil ya había llevado la disputa a la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde inició consultas a finales de julio. China solicitó esta semana participar en ese procedimiento, en una señal de respaldo a Brasil frente a Washington, aunque analistas consideran que las posibilidades de obtener resultados concretos son limitadas debido a la situación actual de la OMC.
La tensión comercial aumentó en julio, cuando Estados Unidos impuso un arancel del 25% a diversos productos brasileños y posteriormente añadió otro gravamen del 12,5%, con tarifas que llegaron hasta el 37,5% para determinadas exportaciones.
Washington justificó las medidas por supuestas prácticas comerciales desleales y cuestionamientos relacionados con la protección de la propiedad intelectual, la corrupción, la deforestación, el tratamiento preferencial al sistema de pagos Pix y, posteriormente, el combate al trabajo forzoso.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó los aranceles de arbitrarios e injustificados y rechazó los argumentos utilizados por Estados Unidos para imponer las restricciones.
Una nueva herramienta comercial
La Ley de Reciprocidad Económica fue aprobada por el Congreso brasileño en abril de 2025 y promulgada meses después por Lula. La normativa establece las condiciones bajo las cuales Brasil puede responder a medidas comerciales, financieras o de inversión adoptadas unilateralmente por otros países.
Entre las posibles respuestas figuran la aplicación de aranceles adicionales a determinados productos, la suspensión de concesiones comerciales y la interrupción de determinadas obligaciones contempladas en acuerdos internacionales.
Sin embargo, la legislación no establece una política automática de represalias equivalentes. Las medidas deben diseñarse para limitar el impacto sobre la economía brasileña y evitar perjuicios innecesarios a sectores productivos que dependen de bienes importados.
El procedimiento contempla la participación de distintas áreas del Gobierno y del sector privado. Un comité interministerial, encabezado por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, deberá evaluar las posibles respuestas junto con representantes de la Casa Civil, Hacienda y Relaciones Exteriores.
El proceso incluye consultas con los sectores afectados, análisis de las alternativas disponibles y eventuales negociaciones diplomáticas. La normativa también permite adoptar medidas provisionales mientras se completa la evaluación, así como modificarlas o retirarlas posteriormente en función de la evolución de las conversaciones con Washington.
Fuente: BBC
