Las principales organizaciones del sector portuario brasileño solicitaron al Gobierno que elimine el límite del 25% para la extensión de contratos de arrendamiento de terminales cuando sea necesario restablecer el equilibrio económico-financiero de las operaciones. La medida busca adecuar los plazos contractuales a las necesidades de inversión y evitar restricciones que puedan desalentar nuevos proyectos.
El planteamiento fue presentado por la Asociación Brasileña de Terminales de Contenedores (Abratec), la Federación Nacional de Operaciones Portuarias (Fenop) y la Asociación Brasileña de Terminales Portuarias (ABTP), en el marco de la consulta pública impulsada por el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil para actualizar la normativa que regula estos contratos.
Las entidades sostienen que un porcentaje fijo no contempla las diferencias entre las operaciones portuarias ni los plazos necesarios para recuperar inversiones de gran magnitud. Por ello, proponen que cada extensión se determine mediante evaluaciones técnicas y económicas, considerando las características del proyecto, la demanda de carga y las condiciones de competitividad de cada terminal.
Desde Abratec, su director ejecutivo, Caio Morel, señaló que la duración adicional debería responder al tiempo requerido para recomponer el equilibrio contractual. Según su evaluación, las restricciones pueden afectar la decisión de ejecutar inversiones cuya recuperación exceda el período permitido.
La ABTP, por su parte, destacó que la modernización de las instalaciones requiere previsibilidad y horizontes de planificación más amplios. Entre las iniciativas que podrían beneficiarse de una mayor flexibilidad figuran la electrificación de equipos, la eficiencia energética y los proyectos de descarbonización.
La Fenop también defendió que las prórrogas se definan según estudios técnicos y las necesidades del mercado. Su presidente, Sérgio Aquino, advirtió que establecer límites rígidos puede reducir la seguridad jurídica y dificultar la planificación de inversiones destinadas a ampliar la capacidad operativa, especialmente en el movimiento de contenedores.
Sin embargo, las organizaciones no plantean que las extensiones sean automáticas. La evaluación debería contemplar la demanda, la eficiencia de las operaciones, la competencia y el interés público, además de determinar cuándo resulta conveniente prolongar un contrato o convocar una nueva licitación.
La discusión se desarrolla durante la revisión de la Portaria 530/2019, que establece las reglas para el reequilibrio económico-financiero de los contratos de arrendamiento portuario. La propuesta del Gobierno brasileño busca flexibilizar los procedimientos y facilitar inversiones, sin modificar la Ley de Puertos ni los decretos que regulan el sector.
Fuente: A Tribuna
