La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) solicitó formalmente información a la Administración Nacional de Puertos (ANP) en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al ascenso de un funcionario y la posible vulneración de normas de ética pública.
Según surge del oficio fechado el 15 de abril de 2026, la JUTEP recibió una denuncia en abril de 2025 en la que se señala que la entonces directora de la ANP, Alejandra Koch, habría participado en la decisión del Directorio que aprobó el ascenso de su cónyuge, Ricardo Suárez, situación que podría configurar un conflicto de intereses.
El organismo de control indicó que, más allá de que posteriormente la Ministra de Transporte dejó sin efecto la decisión, los hechos denunciados podrían implicar una violación a disposiciones de la Ley N.º 19.823, que regula la conducta de los funcionarios públicos y establece obligaciones vinculadas a la imparcialidad y la transparencia en la función pública.
Asimismo, la JUTEP señaló que, aunque Koch renunció a la vicepresidencia de ANP, cargo que ocupaba en dicho momento, continúa siendo funcionaria pública, por lo que corresponde analizar su actuación y determinar si existieron eventuales incumplimientos a las normas de conducta establecidas.
En este contexto, el organismo solicitó a la ANP una serie de informes y documentación administrativa para avanzar en la evaluación del caso. Entre los requerimientos se incluyen detalles sobre el período en que Koch se desempeñó como vicepresidenta del organismo, la resolución de su renuncia, su cargo actual, así como la resolución y el acta del Directorio que dispusieron el ascenso de Suárez. También se pidió información sobre si dicho ascenso implicó mejoras salariales o compensaciones, la resolución que dejó sin efecto la designación y la confirmación del vínculo de parentesco entre ambos funcionarios.
La JUTEP estableció que la respuesta deberá remitirse en un plazo no mayor a 15 días, plazo tras el cual el organismo podrá continuar con el análisis de los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades administrativas o éticas.
El caso se enmarca en los mecanismos de control previstos por el Código de Ética en la función pública, que obliga a las instituciones estatales a garantizar procedimientos transparentes y a prevenir situaciones que puedan comprometer la integridad de las decisiones administrativas
