La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó en los tribunales de Comodoro Py un informe en el que enumeró una serie de fallas en el procedimiento de la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
El dictamen, firmado por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, fue dirigido al fiscal federal Guillermo Marijuan en el marco de la causa CFP N° 478/2025, caratulada “Fernández, Alberto Ángel y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”. El documento analiza la actuación de la ANPYN en la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, cuyo objeto es contratar la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado, redragado y mantenimiento de la VNT.
Según la PIA, varias de las falencias que ya habían sido señaladas en un dictamen anterior volvieron a aparecer en el nuevo procedimiento. En aquella intervención previa, el organismo había concluido que existían “serias y evidentes irregularidades” en la redacción de los pliegos, lo que podía derivar en un procedimiento y eventual adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales.
De acuerdo con trascendidos, el próximo martes se abriría el sobre N° 3, instancia en la que se conocería cuál es la oferta económica mejor posicionada. La autoridad espera que en las próximas semanas pueda avanzar con la preadjudicación.
Un proceso clave para el comercio regional
La Vía Navegable Troncal es considerada un corredor estratégico para Argentina, ya que por allí circula gran parte de las exportaciones e importaciones del país. Además, el dictamen recuerda que también se transportan cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, lo que refuerza su relevancia para el comercio regional.
En ese marco, la Procuraduría remarcó que la magnitud de la contratación y la importancia económica e institucional de la vía exigen un procedimiento con altos estándares de legalidad, transparencia y control.
Tres oferentes y Jan de Nul al frente
El nuevo llamado a licitación fue publicado en diciembre de 2025, luego de que la ANPYN dejara sin efecto el procedimiento anterior. En esta instancia se presentaron tres oferentes: Jan de Nul NV, Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME) y DTA Engenharia LTDA.
Al momento del dictamen, el proceso se encontraba en etapa de evaluación de ofertas. Tras el análisis del sobre N° 2, se recomendó avanzar con la apertura del sobre N° 3 de las ofertas de Jan de Nul NV-Servimagnus y DEME. En el orden de mérito, Jan de Nul-Servimagnus quedó en primer lugar con 66,20 puntos, seguida por DEME con 42,14 puntos.
Cuestionamientos a la audiencia pública
Uno de los ejes centrales del dictamen apunta al modo en que se llevó adelante la audiencia pública ambiental. La PIA cuestionó que la ANPYN haya puesto a disposición de la ciudadanía más de 9.000 páginas de documentación técnica en un plazo considerado insuficiente para permitir un análisis real y efectivo.
Para el organismo, la Agencia cumplió formalmente con la publicación de la información, pero no garantizó adecuadamente el acceso comprensible, oportuno y efectivo exigido por el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, sostuvo que el procedimiento tuvo un carácter “meramente formal y ritualista”, priorizando un cumplimiento administrativo por sobre el espíritu de la participación pública ambiental.
La Procuraduría también observó que el informe técnico final de la audiencia no habría abordado de manera suficiente los planteos realizados por distintos expositores sobre el volumen de información, el plazo para analizarla y la complejidad del lenguaje técnico utilizado.
Reclamo por una evaluación ambiental integral
El dictamen también recoge observaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recomendó realizar, antes de avanzar con la nueva licitación, una evaluación integral y estratégica de la Vía Navegable Troncal.
Según esa posición, el proceso debería contemplar impactos acumulativos, sinérgicos, interjurisdiccionales y transfronterizos, además de incorporar escenarios de cambio climático y asegurar una participación pública informada y efectiva.
La Defensoría también cuestionó que no se hubiera realizado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integral ni una actualización seria de la información de base disponible. En particular, advirtió que parte de la documentación utilizada no reemplaza una evaluación ambiental completa y actualizada de la VNT.
Objeciones sobre los pliegos
Otro de los puntos señalados por la PIA refiere a distintas cláusulas del pliego licitatorio. Entre ellas, mencionó la posibilidad de ceder el contrato, la redacción de la cláusula anticorrupción, los límites a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes, las restricciones a la participación de ciertas formas societarias y la fórmula de evaluación de las ofertas.
De acuerdo con el dictamen, varias de estas observaciones ya habían sido realizadas en el procedimiento anterior, por lo que la ANPYN tenía conocimiento de los cuestionamientos al momento de elaborar la nueva licitación.
La deuda de USD 35 millones
La Procuraduría también puso el foco en una cláusula del modelo de contrato que establece el pago de USD 35 millones a la Administración General de Puertos S.A.U. en liquidación, por única vez y en concepto de regularización de deuda pendiente con acreedores actuales de la VNT.
Según el dictamen, en el expediente no surgen antecedentes ni constancias documentales, contables o administrativas que permitan determinar con claridad el origen, la composición, la identificación de los acreedores y la causa que justificaría la inclusión de esa deuda en el contrato.
La PIA remarcó, además, que la propia administración había informado que la deuda pendiente consignada en el modelo de contrato de la licitación anterior ya había sido cancelada, por lo que consideró necesario establecer con precisión el origen y criterio de determinación del nuevo monto.
Un dictamen con advertencias
El documento no adjudica responsabilidades penales de manera directa, pero sí advierte que el procedimiento mantiene irregularidades relevantes que podrían derivar en reproches administrativos y/o penales si no son corregidas.
En síntesis, la PIA volvió a poner bajo observación el proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal y apuntó contra aspectos centrales del procedimiento: la participación pública ambiental, la falta de una evaluación ambiental integral actualizada, determinadas cláusulas del pliego, la fórmula de evaluación de ofertas y la inclusión de una deuda millonaria sin respaldo documental suficiente.
La advertencia llega en una etapa clave del proceso licitatorio, cuando la ANPYN avanza en la evaluación de las ofertas y Jan de Nul-Servimagnus aparece al frente del orden de mérito. Si se confirma la apertura del sobre N° 3 el próximo martes, el procedimiento ingresará en una fase decisiva para definir la futura concesión de la principal vía navegable del país.
