Tal como había anticipado ComexLatam, el viernes pasado entró en vigencia el Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno argentino avanzó en la desregulación de los servicios de practicaje, pilotaje y baqueanía en los ríos, puertos y canales del país.
La medida fue defendida públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó que la reforma busca eliminar regulaciones que, a juicio del Gobierno, generaban sobrecostos y restricciones innecesarias para el comercio exterior, manteniendo los estándares de seguridad en la navegación.
En una extensa publicación en sus redes sociales, el ministro recordó que el práctico cumple la función de aportar conocimiento local cuando un capitán no conoce una determinada zona de navegación. Sin embargo, sostuvo que no tiene sentido obligar a contratar ese servicio cuando un capitán realiza reiteradamente el mismo recorrido y ya acredita el conocimiento suficiente de la vía navegable.
En ese marco, explicó que el Decreto 690/26 extiende a los capitanes extranjeros la posibilidad de quedar exentos del uso obligatorio de práctico una vez demostrada su experiencia, amplía las dimensiones de los buques que deben contratar el servicio, libera determinadas áreas de esa obligación y flexibiliza el régimen de baqueanos para determinadas zonas del sistema fluvial.
Asimismo, señaló que la reforma elimina barreras de ingreso para nuevos prestadores, reduce los requisitos para obtener la habilitación como práctico, elimina la segmentación geográfica que obligaba a contratar distintos profesionales para un mismo recorrido y abre la competencia en el servicio de traslado de prácticos, permitiendo que cualquier embarcación comercial que cumpla con las normas de seguridad pueda realizar esa tarea.
Otra de las modificaciones relevantes habilita a la Prefectura Naval Argentina a autorizar temporalmente a capitanes con conocimiento comprobado de la zona para prestar servicios de practicaje cuando el flujo del comercio exterior se vea interrumpido o amenazado, facultando además al propio personal de la fuerza a prestar dichos servicios en esas circunstancias.
La reacción del sector no se hizo esperar. A partir de fin de semana, los prácticos, pilotos y baqueanos fluviales de todo el país acordaron dejar de prestar servicios a bordo de cualquier buque, argentino o extranjero, que requiera sus intervenciones, hasta tanto se suspenda la vigencia del Decreto 690/26.
Los profesionales sostienen que la norma fue dictada sin consulta al sector, consideran que introduce una desregulación excesiva y advierten que pone en riesgo la seguridad de la navegación.
La medida genera preocupación entre distintos actores de la actividad marítima y portuaria, quienes advierten que el conflicto podría traducirse en demoras operativas e incluso afectar el normal desarrollo del comercio exterior argentino si la situación se prolonga.
Según pudo saber ComexLatam, la Prefectura Naval Argentina se encuentra evaluando distintas alternativas para garantizar la continuidad de la navegación. Entre las medidas analizadas figuran la posibilidad de autorizar la navegación sin práctico en los casos previstos por la nueva normativa, convocar a capitanes que acrediten conocimiento de la zona para desempeñarse como prácticos temporarios e incluso recurrir a personal de la propia fuerza conforme a las facultades otorgadas por el Decreto 690/26. Fuentes oficiales también indicaron que podrían aplicarse sanciones a quienes incumplan con la prestación de un servicio considerado esencial para el funcionamiento del sistema de navegación.
En este escenario de creciente tensión, este lunes 3 de agosto está prevista la presentación de una denuncia penal contra los firmantes del Decreto 690/26; denuncia penal contra todos los firmantes del decreto 690/26, el presidente Javier Milei, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y el general Carlos Presti. La presentación invocará el artículo 190 del Código Penal argentino, que sanciona a quien ponga en peligro la seguridad de naves, construcciones flotantes o aeronaves, delito que prevé penas de prisión de dos a ocho años y que contempla agravantes en caso de producirse accidentes, lesiones o víctimas fatales.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca reducir costos, eliminar privilegios y mejorar la competitividad del comercio exterior, los profesionales del practicaje consideran que las modificaciones comprometen la seguridad de la navegación. El conflicto abre ahora un nuevo capítulo que podría tener impacto directo sobre la operatoria de los puertos y de la Hidrovía Paraná-Paraguay en los próximos días.
