El transporte marítimo enfrenta un desafío crítico en la región de América Latina y el Caribe (ALC) debido al cambio climático y, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los efectos ya son evidentes: en 2021, la Hidrovía Paraguay-Paraná registró su nivel más bajo en más de un siglo, afectando gravemente la capacidad de los buques.
De manera similar, la sequía de 2023 causada por el fenómeno El Niño redujo drásticamente el tránsito en el canal de Panamá, uno de los principales puntos de conexión para el comercio global. Ambos eventos incrementaron los costos del comercio exterior, retrasando rutas y limitando la capacidad de carga.
Responsable del 80% del comercio internacional, también genera cerca del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Si este sector fuese un país, sería el sexto mayor emisor mundial. Con estos datos en mente, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido como objetivo alcanzar la carbono-neutralidad del sector para 2050. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la atención a la descarbonización y la resiliencia climática del transporte marítimo sigue siendo incipiente.
Para avanzar hacia un transporte marítimo sostenible, expertos sugieren cuatro áreas clave de acción: actualizar la planificación sectorial para incluir la descarbonización, establecer incentivos claros para el sector privado, fortalecer las instituciones públicas y fomentar alianzas estratégicas con diversos actores. Además, se identifican cinco instrumentos de política como regulaciones ambientales, adquisiciones públicas sostenibles e incentivos económicos para acelerar la transición.
El BID, por su parte, impulsa proyectos en la región para apoyar la transformación energética y reducir las emisiones en los servicios portuarios. Sin embargo, los próximos años serán determinantes para implementar un enfoque integral que permita al transporte marítimo adaptarse al cambio climático y cumplir con los objetivos de descarbonización.
