La definición de la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay sumó esta semana un nuevo capítulo político y diplomático. La empresa belga Jan De Nul, principal candidata a quedarse con la operación de la Vía Navegable Troncal, mantuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en un contexto atravesado por la creciente disputa internacional por el control de infraestructuras estratégicas en América Latina.
El encuentro tuvo lugar en la sede diplomática norteamericana en Buenos Aires y sirvió para que la compañía presentara detalles técnicos y operativos de su propuesta para administrar la hidrovía durante los próximos 25 años. La licitación involucra uno de los corredores logísticos más relevantes de Sudamérica, utilizado para canalizar buena parte de las exportaciones agroindustriales regionales.
Durante la reunión, representantes de Jan De Nul y de la firma argentina ServiMagnus —socios en el consorcio que lidera la compulsa— expusieron los principales aspectos del proyecto, incluyendo obras de dragado, sistemas de señalización y herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer el monitoreo de la navegación y el control del tráfico fluvial.
La disputa geopolítica detrás de la licitación
Más allá de los aspectos técnicos, la reunión estuvo marcada por un tema sensible: las versiones que vinculaban a la empresa belga con proveedores o acuerdos asociados a capitales estatales chinos.
Desde la compañía rechazaron esas acusaciones y aseguraron que la totalidad de la tecnología prevista para la futura operación proviene de países occidentales. Según indicaron, parte del equipamiento incorporado incluiría incluso proveedores estadounidenses especializados en vigilancia y gestión del tránsito marítimo.
La aclaración no es menor. La hidrovía se transformó en un punto de interés dentro de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China por ganar influencia en corredores logísticos, puertos y obras de infraestructura de la región.
En ese escenario, el gobierno de Javier Milei excluyó en el pliego de la licitación la participación de empresas estatales extranjeras, una decisión interpretada como una señal alineada con Washington. La medida dejó afuera a compañías chinas que habían mostrado interés en participar del proceso.
Amplia ventaja técnica
En la evaluación preliminar realizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el consorcio encabezado por Jan De Nul obtuvo una diferencia considerable sobre su competidor directo, la firma belga DEME.
Ambos oferentes coincidieron en la tarifa económica establecida para la operación, pero la propuesta técnica de Jan De Nul logró una mejor puntuación, posicionándola como favorita para continuar al frente de una actividad que la empresa desarrolla desde hace más de 30 años en el sistema fluvial argentino.
La futura concesión representa un negocio estimado en unos US$300 millones anuales e incluye un ambicioso plan de inversiones para aumentar el calado y mejorar la capacidad operativa de los buques que circulan por el Paraná.
Cuestionamientos y presión judicial
Mientras avanza la etapa final de la licitación, también crecen los cuestionamientos sobre el proceso.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, advirtió recientemente sobre posibles inconsistencias en los pliegos y señaló observaciones relacionadas con cuestiones ambientales, mecanismos de evaluación y condiciones de competencia.
A esto se suman reclamos impulsados por organizaciones ambientales y sectores políticos que cuestionan la falta de participación de las provincias ribereñas y alertan sobre el impacto que podrían generar las tareas de profundización del río.
En medio de ese escenario, la reunión de Jan De Nul con la diplomacia estadounidense aparece como una señal de respaldo político y estratégico en una licitación que excede lo estrictamente comercial y se inserta cada vez más en el tablero geopolítico regional.
