La propuesta de la Comisión Europea de mantener a la soja dentro de la categoría de “alto riesgo” por Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC) encendió alertas en el sector agroindustrial sudamericano, que advierte sobre efectos comerciales inmediatos y un aumento de la incertidumbre para las inversiones.
El borrador de reglamento delegado establece que, de forma gradual hasta 2030, los biocombustibles derivados de soja dejarán de contabilizarse plenamente dentro de las metas de energías renovables del bloque. Para países como Argentina y Paraguay, con fuerte presencia en la producción y exportación de estos productos, esto supone una pérdida de competitividad en uno de sus principales mercados.
Desde el Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano señalan que el impacto no será solo a largo plazo. Al dejar de ser elegibles para cumplir con los objetivos europeos, estos biocombustibles verán reducida su demanda estructural, lo que podría alterar cadenas comerciales ya consolidadas y afectar decisiones productivas e industriales.
El posicionamiento también cuestiona la base técnica de la normativa. Según el documento, el cálculo del riesgo ILUC se apoya en տվյալ globales que no diferencian adecuadamente entre países ni consideran las particularidades de sus sistemas agrícolas. En el caso de Argentina y Paraguay, destacan que el crecimiento productivo ha estado impulsado principalmente por mejoras de rendimiento e intensificación, más que por la expansión de la frontera agrícola.
Otro punto crítico es la falta de coherencia dentro del propio marco regulatorio europeo. La coexistencia de distintos criterios temporales —uno para ILUC y otro para normativas de deforestación— genera escenarios ambiguos, donde un producto puede cumplir con ciertos requisitos ambientales y, al mismo tiempo, quedar excluido de los objetivos energéticos.
Además, aunque la normativa contempla certificaciones de “bajo riesgo”, el sector considera que en la práctica son difíciles de aplicar en sistemas productivos consolidados, lo que limita su utilidad como alternativa para mantener el acceso al mercado europeo.
Ante este panorama, las entidades firmantes reclaman un diálogo técnico más profundo entre ambas regiones. Sostienen que la transición energética y los objetivos ambientales deben construirse sobre metodologías transparentes, evidencia actualizada y reconocimiento de las diferencias entre países.
También advierten que la estabilidad regulatoria será clave para sostener inversiones de largo plazo y que el comercio de biocombustibles puede desempeñar un papel relevante tanto en la seguridad energética como en la reducción de emisiones, siempre que las reglas no generen distorsiones.
Fuente: Unión de Gremios de la Producción (Paraguay)
