Brasil continúa con su preocupación por la infiltración de los grupos CV (Comando Vermelho) y PCC (Primeiro Comando da Capital) en sus puertos.
Ambos grupos fueron declarados organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos, medida que entró en vigor el pasado 5 de junio.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva intentó impedir la designación, temiendo la injerencia estadounidense y su eventual utilización con fines políticos y electorales. El asesor especial de la Presidencia para asuntos internacionales, Celso Amorim, sostuvo que “equiparar el crimen organizado con el terrorismo no es útil”.
Mientras tanto, la BBC News Brasil viene cubriendo extensamente la infiltración del Primeiro Comando da Capital (PCC) en las operaciones del puerto de Paranaguá. Según el medio, la organización criminal utiliza estructuras logísticas portuarias para facilitar el tráfico internacional de cocaína y expandir sus operaciones económicas.
Desde septiembre de 2025, la BBC News Brasil ha publicado una serie de investigaciones sobre el avance de grupos empresariales presuntamente vinculados al PCC dentro del sistema portuario brasileño.
Uno de los casos más relevantes involucra al Grupo BSO, un conglomerado con sede en la avenida Faria Lima, en São Paulo, investigado por las autoridades bajo sospecha de integrar el brazo logístico de la organización criminal. Según la investigación periodística, una empresa vinculada al grupo, Stronghold Infra Investimentos, fue objeto de órdenes de allanamiento y secuestro de documentación durante la operación Carbono Oculto.
Actualmente, el grupo controla una terminal en el puerto de Paranaguá y habría intentado asumir la gestión de otros dos terminales estratégicos en los puertos de Maceió y Santos. De haberse concretado estas operaciones, el conglomerado podría haber movilizado inversiones superiores a los 3.000 millones de reales y obtenido concesiones por períodos de hasta 25 años.
Fuentes vinculadas a las investigaciones señalaron a la BBC que el interés del PCC en el control de terminales portuarias respondería a una doble estrategia. Por un lado, fortalecer su creciente presencia en el mercado de combustibles y, por otro, ampliar sus capacidades logísticas para el tráfico internacional de drogas.
El Grupo BSO reconoció haber intentado expandir sus operaciones en diversos puertos de la costa brasileña, aunque negó cualquier vínculo con el PCC.
La preocupación de las autoridades se intensificó luego de que el Ministerio Público de São Paulo y la Policía Federal lanzaran una serie de operaciones simultáneas dirigidas contra la estructura económica que la organización habría desarrollado en el sector de combustibles.
Las investigaciones sostienen que empresas vinculadas al PCC participan en prácticamente toda la cadena del negocio: desde la producción o importación de combustibles hasta la distribución y comercialización al consumidor final. La red incluiría más de mil estaciones de servicio distribuidas en al menos diez estados brasileños.
Para los organismos de seguridad, la posible infiltración de organizaciones criminales en puertos estratégicos representa una amenaza que va mucho más allá del narcotráfico. El control de terminales permitiría a estas estructuras consolidar operaciones de comercio exterior, logística y energía, sectores considerados críticos para la economía brasileña.
