El gobierno de Uruguay está próximo a concretar un acuerdo con la multinacional HIF Global para desarrollar una planta de combustibles sintéticos en el departamento de Paysandú, una inversión estimada en 5.300 millones de dólares que figura entre las mayores de la historia del país.
Las negociaciones, iniciadas tras la firma de un memorándum de entendimiento en noviembre de 2025, avanzaron luego de que la empresa respondiera a las observaciones planteadas por el Ejecutivo. Entre los principales puntos acordados se encuentran la relocalización de la planta en un predio de Ancap en Nuevo Paysandú y las condiciones vinculadas al suministro de energía eléctrica.
El diputado Juan Gorosterrazú confirmó que las conversaciones se encuentran en su etapa final y señaló que solo restan ajustes menores antes del anuncio oficial, que sería encabezado por el presidente Yamandú Orsi en los próximos días desde Paysandú.
El proyecto contempla la producción de combustibles sintéticos mediante hidrógeno verde, utilizando electricidad de fuentes renovables, agua y dióxido de carbono capturado de procesos industriales. La iniciativa apunta principalmente a abastecer mercados internacionales con altas exigencias ambientales, especialmente en Europa.
Además, el acuerdo prevé la utilización del sistema ferroviario para transportar insumos y cargas del litoral uruguayo, incluyendo madera, soja y otros productos, con el objetivo de reducir costos logísticos y fortalecer la infraestructura regional.
Según estimaciones oficiales, durante la fase de construcción se generarán alrededor de 1.400 empleos directos, una cifra inferior a la prevista inicialmente tras la reformulación del proyecto, aunque distribuida en un período más prolongado. También se espera un importante impacto sobre proveedores locales y la formación de mano de obra especializada.
Las proyecciones indican que, una vez en operación, la planta podría generar exportaciones anuales de entre 1.900 y 2.100 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales complejos exportadores del país.
No obstante, autoridades y dirigentes locales también plantean la necesidad de implementar medidas para prevenir posibles impactos sociales asociados a una inversión de esta magnitud, como situaciones de explotación sexual o problemas de convivencia, tomando como referencia experiencias registradas durante la instalación de plantas de celulosa en Uruguay.
Fuente: La Diaria
